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Colas para votar en un colegio electoral de Barcelona.

Más de 80.000 discapacitados no podrán votar a pesar de la orden de la ONU

Ni el Gobierno actual ni el anterior han adaptado la legislación española para eliminar impedimentos a las personas afectadas por alguna disminución intelectual

Redacción
2 min

Más de 80.000 personas con discapacidad intelectual no podrán votar mañana por culpa de una ley electoral no reformada. En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) porque "ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental".

Tres años más tarde, en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención y advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral.

Segunda requisitoria

En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Sin embargo, dos años después, del Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha salido ningún informe al respecto.

"La Legislatura se despide sin que esa conculcación masiva de derechos humanos que permite nuestro sistema electoral se haya solventado. Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

Las personas sordociegas representan a uno de los colectivos que más dificultades tiene a la hora de ejercer su derecho al voto, sobre todo en el acceso a la información y a las propuestas de los partidos políticos.