La Guardia Civil sitúa a la republicana Marta Rovira en la cúspide del 1-O

“En este proceso dinamizador, a raíz de la intervención telefónica, se ha podido observar que Josep María Jové Lladó, daría cuenta de su actividad y recibiría instrucciones de la cúpula de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), especialmente de Marta Rovira Vergés, portavoz en el Parlamento catalán del grupo político Junts pel Sí”.

De esta forma se expresa la Guardia Civil en su informe JDBS/pgp de fecha 3-7-2017 remitido al juez de instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez, quien investiga los prolegómenos del referéndum del 1-O que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal.

ERC dirige la trama

La Guardia Civil hace esta directa referencia a la secretaria general de ERC en un informe en el que “resalta la figura de Josep María Jové Lladó, secretario general de la vicepresidencia Económica y de Hacienda de la Generalitat (mano derecha de Oriol Junqueras), persona que estaría organizando de forma directa la estructura necesaria para poder llevar a acabo el referéndum por la independencia”.

A partir de este informe policial que dio paso a la operación de la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, los investigadores, que han actuado en todo momento con el aval de la fiscalía y del juez, empiezan a situar en la cúspide de la trama a dirigentes de ERC  (como es el caso de Rovira). Es decir, sitúan a ERC en la “jefatura del organigrama directivo que se encargó de gestionar el proceso del referéndum".

Red de colaboradores

La Guardia Civil sitúa por debajo de Rovira y de Jové a diversos directivos y altos cargos de Hacienda como Francesc Sutrías Grau, director de Patrimonio de la Secretaria de Hacienda, y a Natalia Garriga Ibáñez, directora de servicios de la Secretaria General. En ese documento policial empieza a aparecer el nombre de Mercedes Martínez Martos, apoderada de la empresa de publicidad FOX BOX Publi, “persona encargada de la gestión de los inmuebles donde se estaría guardando el material electoral”.

En aquel momento la figura de esta empresaria (vinculada a Junts pel Sí) es clave, dado que la Guardia Civil la llega a fotografiar junto al abogado de ERC Pau Furriol Fornells en las inmediaciones de un polígono industrial de la barcelonesa población de Bigues i Riells del que se sospechó entonces que podría almacenar (o haber almacenado) material electoral.

Una pista policial

La Guardia Civil pide permiso al juez para colocar un geolocalizador en el vehículo Mercedes Benz de esa empresaria. El juez aceptó la petición y “balizó” ese coche.  

Según la Benemérita, Jové, Furriol, Martínez y Sutrías tenían por objetivo “buscar los inmuebles para almacenar y distribuir material electoral. Los agentes pidieron (y consiguieron) la intervención telefónica de todos aquellos sospechosos que aún no habían sido “pinchados”. Pero, en opinión de los investigadores, esas diligencias llegaron demasiado tarde.

Extraña reunión

En este sentido, los agentes de policía judicial detectaron el 3 de septiembre (fruto de los seguimientos realizados) una extraña reunión frente a la puerta de las naves industriales visitadas sólo un día antes por Mercedes Martínez y Furriol.

Como si se tratase de una reunión secreta --sus participantes llegaron adoptando extrañas medidas de vigilancia y seguridad--, fueron llegando a la nave principal personas como Marta Vilalta, directora general de Juventud de la Generalitat; Chakir el Honrani, concejal de JxSí, y Joaquim Torrà, Quim, quien fuera miembro de la Asamblea Nacional de Catalunya y vicepresidente de Òmnium Cultural.

En total, 11 fueron las personas que allí se acabaron congregando y que participaron en la descarga de diversas cajas del interior del vehículo con el que Torrà había llegado a Bigues que, según el atestado policial, “bien pudieran tener que ver con el referéndum”.

A esa reunión se acabó uniendo Mercedes Martínez. Aquellas naves pertenecían a la familia Furriol, el abogado de ERC, y podrían haber sido utilizadas como almacenes transitorios del material electoral.

Aparece Benach

En las diligencias de la operación Anubis aparecen igualmente unas curiosas y sorprendentes referencias al expresidente del Parlament Ernest Benach, fruto de la interceptación por parte de la Guardia Civil de unas conversaciones telefónicas del 13 de julio entre el secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, y el propio Benach.

El expresidente de la Cámara catalana se interesa por saber “si habrá voto por correo”. Salvadó le dice “que está en ello”, pero que están mirando de hacerlo con alguna empresa de mensajería porque hacerlo por Correos no es operativo y el “otro proveedor que está homologado” ha fallado, pero que “se arreglará eso de enviar 5,5 millones de tarjetas censales a los electores”.

Benach se pone a disposición de Salvadó para “encontrar” a esa nueva empresa que facilite el servicio, un cometido directamente relacionado, dice la Guardia Civil, con la organización del referéndum ilegal.

Benach y Hard Rock Café

Aunque no tiene directa relación con el asunto bajo lupa judicial, la Guardia Civil recoge en un informe datado el 2 de agosto otras conversaciones entre Salvadó y Benach en la que éste ultimo se ofrece para mediar entre la Generalitat y la empresa Hard Rock Café, por aquel entonces aún no adjudicaría del macro complejo ludido de Vilaseca y Salou.

Salvadó le dice a Benach que se están intentado poner en contacto con la empresa pero que él (Salvadó) no puede por ser presidente de la mesa de contratación. Salvadó le dice a Benach que se ha podido “desembarazar” de las otros dos empresas aspirantes. 

La Guardia Civil se reserva la posibilidad de presentar esta transcripción ante el juez de guardia por si fuera indiciaria de una delito de soborno, prevaricación o tráfico de influencias.