La conveniencia de aplicar en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, donde se contempla la suspensión de la autonomía, genera desde hace meses un fuerte debate en el Gobierno de Mariano Rajoy.
El sector más afín al presidente lo rechaza y defiende medidas más personales como la suspensión o la inhabilitación de los cargos institucionales que desobedecen la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional. Algo que ahora mismo está en manos de los jueces.
Otros altos cargos y dirigentes del PP reclaman medidas más contundentes y que, por tanto, no se descarte el 155. Hay quien incluso ha propuesto la movilización del Ejército en las reuniones sobre seguridad mantenidas hasta ahora, pero se trata de una medida por ahora descartada.
La presión sobre el presidente Rajoy, en este sentido, es máxima.
Asedio al Palacio de Justicia
Sin embargo, la insistencia del presidente Carles Puigdemont en mantener el 1-O, unida a la conflictividad social que comienza a vislumbrarse --cerco a la comitiva judicial que registró la Consejería de Economía o el asedio al Palacio de Justicia-- ha puesto de nuevo sobre la mesa ese controvertido artículo 155, que según el Govern ya se aplica de forma encubierta.
La intervención de las finanzas de la Generalitat decretada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las detenciones de altos cargos de la Conselleria de Economía o la toma del mando de los Mossos d'Esquadra por parte del Gobierno español, como el viernes adelantó Crónica Global, son los ejemplos citados por la Generalitat.
"Ambiente muy caldeado"
“Se contemplan todos los escenarios, pero ahora el ambiente está muy caldeado y hay que pensar muy bien qué medidas se aplican”, explican las citadas fuentes. En este sentido, admiten que el procés no se acabará el 1 de octubre, aunque finalmente no pueda celebrarse el referéndum “oficial” planteado por el Govern.
El Ejecutivo es consciente de que si se frustra la votación, como promete Rajoy, se pueden producir altercados en las calles y casos de desobediencia que conduzcan a una respuesta política más contundente. Y si finalmente se celebra una votación simbólica, la posibilidad de que se impulse una declaración unilateral de independencia (DUI) también haría necesario recurrir al artículo 155.
