Marchena tendrá la última palabra sobre un posible debate en la cárcel

La Junta Electoral Central (JEC) le pasa la pelota al presidente de la sala del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que juzga a los políticos encausados por los hechos acontecidos en octubre de 2017. El magistrado deberá decidir sobre la petición de Jordi Sànchez, que proponía la posibilidad de hacer un debate en la cárcel. 

La JEC defiende que “el órgano competente para decidir si medidas como las pedidas son compatibles con el objeto de la detención del candidato al que se refiere este escrito es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le está enjuiciando en este momento”. El organismo electoral se declara "no competente" para resolver este requerimiento. 

Petición de Sànchez

 El candidato de Junts per Catalunya por Barcelona pidió a la JEC y a Instituciones Penitenciarias que autorizasen la celebración de un debate electoral en la cárcel de Soto del Real, donde está ingresado mientras dura el juicio, para que se garantice "el derecho de los electores a escuchar a los candidatos". La petición se complementa con la que hizo hace unos días, donde pedía al tribunal poder salir de la prisión para poder hacer campaña. 

La Junta recuerda el informe desfavorable emitido por el secretario general de Instituciones Penitenciarias con la participación de Jordi Sànchez para las elecciones autonómicas de 2017. En dicho texto se explicaba que la celebración de un acto político de estas características supondría "una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario en varios órdenes", que podría ser contrario a "elementales principios de seguridad".