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Manuel Fernández, conocido como el 'hostelero insumiso' (d) y el portavoz de PEACovid-19, Javier Candela (i)

Manuel, ‘el hostelero insumiso’ con las medidas anti-Covid, acude al Supremo

El empresario se suma a la primera macrodemanda por perjuicio patrimonial presentada por PEACovid-19 contra el Gobierno, extensiva a la Generalitat, y que ha sido admitida por el Supremo

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Cada vez son más los empresarios que reclaman un perjuicio patrimonial al Gobierno español por el cierre de negocio durante el Covid. Lo hacen mediante una macrodemanda que ha sido admitida por el Tribunal Supremo y a la que ahora se ha añadido Manuel Fernández, conocido como el “hostelero insumiso” por su rechazo a cumplir con las medidas establecidas. Fernández, que regenta el restaurante brasería Los Olivos, situado en Malgrat de Mar (Barcelona), se ha sumado a la iniciativa judicial de PEACovid-19, Plataforma de Empresarios Afectados --la primera de estas características--, en la que se reclaman indemnizaciones por valor de 300 millones por los perjuicios patrimoniales ocasionados por las restricciones.

Muy conocido por sus intervenciones mediáticas y su participación en movilizaciones del sector de la hostelería y el ocio nocturno, el “hostelero insumiso” afirma que tanto el Gobierno como la Generalitat --PEACovid estudia hacer la demanda extensiva al Ejecutivo catalán, que ahora tiene las competencias para aplicar las medidas-- actuaron de forma “inconstitucional”. Manuel está dispuesto a llegar hasta el final. “Si cierro definitivamente no tendré para darle de comer a mis hijos”, advierte. Al respecto, el portavoz de PEACovid-19, Javier Candela, afirma que “el Gobierno actuó ilegalmente y la Generalitat no puede aprobar medidas restrictivas de derechos para la contención de la pandemia, ya que es una competencia exclusiva reservada al Estado y no delegable”.

Las dos sentencias del Tribunal Constitucional

Las dos sentencias del Tribunal Constitucional, que tumbaron los estados de alarma decretados por el Ejecutivo español, han supuesto un aval para los 30 argumentos jurídicos presentados por PEACovid-19 en un demanda admitida por el Tribunal Supremo.

PEACovid-19 representa a grandes y pequeños empresarios pertenecientes a sectores como el ocio nocturno, restauración, turismo, hoteles, gimnasios, peluquerías, taxis, joyerías, reformistas, transporte y comercio, entre otros, con la finalidad de defender los derechos fundamentales de las actividades económicas. Los servicios jurídicos de PEACovid-19 se han ofrecido y extendido a más de un centenar de asociaciones, federaciones y patronales durante el último año y medio, entre las que se encuentran Spain Nightlife (Ocio Nocturno), Fecasarm  (Hostelería y Eventos Musicales), la asociación SON (Somos Ocio Nocturno), que cuenta con mas de 2.000 empresarios afectados, y el Grupo Costa Este, entre otros.

Desde la Plataforma se ha apoyado también a asociaciones que representan campos de golf de toda España o a las orquestas tradicionales representadas por CEVE (Coordinadora Estatal de la Verbena y Espectáculos), a Alerta Roja Eventos, así como colectivos de DJ’s y músicos, entre otros. Según Candela, “en el momento en el que nos hallamos con la demanda en el Supremo, es de responsabilidad social informar a toda actividad económica que haya sufrido daños durante la pandemia. Empleados, encargados, propietarios y familias, van todos en el mismo barco”. Hoteles Rallye o Alábriga (Girona), las emblemáticas L’Ovella Negra y Pachá Barcelona de la capital catalana, BusBarVic y Venice Club, también en la provincia de Barcelona, Lo cafè del port (Tarragona), el restaurante de sushi One y los cines Albéniz (Girona), La penya (Benidorm) o Mariano (Teruel), forman parte de esa red de empresarios que defienden sus intereses ante los tribunales, asesorados por el abogado gerundense Juli Prat.

La plataforma presentó la primera de sus demandas el 22 de diciembre de 2020. Transcurrido el preceptivo plazo para que el Gobierno diera algún tipo de respuesta, se ha decretado el silencio administrativo y el Supremo ha admitido a trámite la petición de los empresarios, por lo que ya puede decidir sobre las mencionadas indemnizaciones exigidas, que actualmente superarían los 300 millones de euros reclamados al inicio del proceso