La presidenta de la ANC, Carme Forcadell

La presidenta de la ANC, Carme Forcadell

Política

Manos Limpias insta al Fiscal General del Estado a impulsar la ilegalización de la ANC

El sindicato considera que la entidad independentista podría haber incurrido en los delitos de provocación a la sedición, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

24 marzo, 2014 21:46

Manos Limpias ha presentado una denuncia al Fiscal General del Estado en la que le insta a impulsar un proceso de ilegalización de la Assemblea Nacional Catalana (ACN). El sindicato también pide que impulse un procedimiento penal contra la entidad independentista por los supuestos delitos de provocación a la sedición, asociación ilícita y de malversación de caudales públicos "en la cooperación conjunta del Gobierno de la Generalidad y la ANC". Según informa la agencia ACN, la denuncia ha sido presentada con la presidenta de la entidad, Carme Forcadell.

La denuncia se fundamenta en que "el objetivo primordial" de la ANC es conseguir "la independencia de Cataluña" actuando "contra el orden constitucional" mediante "un llamamiento a la insurrección".

En ese sentido, destaca la "hoja de ruta con la declaración final del independentismo", que plantea "el control efectivo del país (puertos, aeropuertos, fronteras y comunicaciones)". También advierte de que la ANC "propone declarar la secesión el 23 de abril de 2015", "tiene el apoyo económico" de la Generalidad y está "constantemente" recogiendo firmas para el proyecto secesionista "en la práctica totalidad los ayuntamientos de Cataluña", entre otras cosas.

"Se incumplen las normas del juego democrático"

Según Manos Limpias, todo ello constituye "una proposición a la insurrección y a la sedición utilizando fondos públicos para fines delictivos", lo que debería suponer la ilegalización de la ANC por parte del Ministerio del Interior.

El sindicato argumenta que mediante este tipo de acciones y propuestas "se incumplen las normas del juego democrático y del respeto al ordenamiento vigente" y suponen una vulneración "constante" de los principios del Estado de derecho.