Macrodemanda millonaria de empresarios por la mala gestión del Covid

Javier Candela vive en Castelldefels (Barcelona) y es empresario desde los 18 años. Su negocio de distribución facturaba anualmente entre seis y siete millones de euros al año. Hasta que llegó la pandemia. Y con ella, el cierre de empresas como medida de seguridad ante el Covid.

Centenares de negocios han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno y, con carácter subsidiario, contra las comunidades autónomas por los perjuicios sufridos ante la "nefasta" gestión de la pandemia. Se trata de la primera reclamación patrimonial que se lleva a cabo por vía judicial y, en apenas de un mes, se ha duplicado el montante hasta superar los 200 millones de euros.

Negocios de toda España

La impulsora de esa iniciativa, la primera de estas características, es PEACovid-19, Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia que ha contacto con representantes de más de dos millones de negocios de toda España, tanto pymes como grandes empresas de Madrid, Santiago, Canarias, Mallorca, Ibiza, Formentera, Burgos, Gijón, Alicante, Valencia, Sevilla, Almería… Y sobre todo, de Cataluña, una de las comunidades más afectadas.

Uno de los bares afectados por el cierre de la restauración / EP

Pertenecen a sectores muy diversos, como cines, bares, restaurantes, peluquerías, taxis, escuelas de baile, distribuidoras de bebidas o talleres mecánicos. Muchos de ellos prefieren mantenerse en el anonimato, no así las asociaciones que apoyan la demanda: la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (Fecasarm), Spain Nightlife, Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) o Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM).

Gastos fijos

Javier Candela es el portavoz del colectivo. “El 90% de mis clientes pertenecían a sectores afectados, como hoteles, bares, cafeterías o restaurantes. ¿A quién podía yo servir?”, explica a Crónica Global. Asegura que a finales de 2019 ya tuvo conocimiento de que “en China había un problema sanitario, todavía sin nombre. Mi mujer procede de este país. Los negocios fueron bajando. Y cuando ya se decretó oficialmente la situación de pandemia, el Gobierno ordenó una serie de medidas perjudiciales que no han ido acompañadas de ayudas. Pero nosotros hemos tenido que seguir asumiendo gastos fijos con la persiana echada. Alquiler, equipos, empleados, cuotas...”.

Asegura que, desde que se decidió emprender esas acciones legales, hace apenas un mes, “se han sumado centenares de empresas, de forma que de los 100 millones reclamados inicialmente, ahora ya se rebasa los 200 millones”.

Proceso judicial

La plataforma cuenta con el apoyo de un abogado gerundense con una amplísima experiencia, Juli Prat, y está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo, si es preciso. Obviamente, todo proceso judicial implica gastos, pero PEACovid-19 promueve una campaña solidaria dirigida a aquellos negocios con más dificultades, consistente en posponer el pago de esos costes judiciales.

Empresas que cierran sus negocios por la crisis del Covid

Prat explica a este medio que, tras la reclamación administrativa previa, el Gobierno tiene seis meses para pronunciarse y, en caso de silencio, se presentaría el recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

No descartan la vía penal

¿Por qué esta vía y no la civil, para reclamar compensaciones económicas? “Se reclaman daños y perjuicios contra la Administración General del Estado por la nefasta actuación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y demás organismos intervinientes, por lo que debe acudirse a la vía contenciosa. La vía civil no es la adecuada por no tratarse de cuestiones de derecho privado, sino de una actuación de la Administración”.

Fachada de la sede del Tribunal Supremo, al que instan a dictar doctrina para evitar la disparidad de sentencias sobre el IRPH / EP

El recurso alega infracción de preceptos constitucionales y de legalidad ordinaria. “Se reclama por actuaciones tanto activas como pasivas”, explican desde el despacho de abogados. No se excluye acudir a la vía penal, si llega a ser necesario”.

Al reclamarse por diversos conceptos y fases de la pandemia, se ha considerado oportuno no interponer una única reclamación sino varias separadas. Las tres primeras demandas ya están redactadas, revisadas y cerradas con sus correspondientes documentos e informes periciales. Falta una cuarta que abarca hasta la finalización de la pandemia, y que ya se está redactando.

A principios de diciembre pasado, el número de demandantes ascendía a varios centenares y con una cuantía total superior a 100 millones de euros, cifra que ahora ya supera los 200 millones. Las reclamaciones van desde cientos de miles de euros a varios millones según la naturaleza de la empresa y los perjuicios sufridos.