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Los políticos encarcelados en la prisión de Lledoners / EFE

Los políticos presos podrán recoger sus actas de diputado en el Congreso

El Tribunal Supremo quiere garantizar el derecho de los electos a tomar posesión de su cargo, dada su condición de preventivos

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Nuevo capítulo que dilucida la incógnita sobre qué pasará con los políticos presos cuando sean cargos electos a nivel nacional. El Tribunal Supremo (TS) permitirá que los políticos encarcelados puedan recoger sus actas de diputados en el Congreso tras las elecciones del próximo 28 de abril. La Junta Electoral Central (JEC) también coincide con los magistrados que juzgan la causa del 1-O, puesto que la ley es muy clara sobre el derecho de participación política de los políticos presos. 

 La incógnita está ahora en cómo se articula el derecho de los candidatos para poder participar en la camapaña electoral, tal y como ha adelantado La Vanguardia. Los presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez –que se presentan a las elecciones por ERC y JxCat–  pidieron su puesta en libertad para participar en los actos de campaña organizados por sus partidos. El TS ha pedido a las partes que se pronuncien en un plazo que termina hoy, y que previsiblemente contará con la opinión desfavorable de Fiscalía. 

Actos en prisión

El Supremo estudiará la solicitud de celebrar actos electorales en prisión, aunque de momento cuenta con la opinión desfavorable de Instituciones Penitenciarias por considerar que las prisiones carcen de espacios para organizar actos de esta embergadura y que podrían fallos de seguridad en la organización de las prisiones. La Junta Electoral está dividida en esta cuestión: Dos miembros del organismo electoral se pronunciaron la semana pasada a favor de permitir la organización de algún acto electoral en la cárcel por parte de los políticos encarcelados. 

Tanto el Supremo como la JEC quieren impedir a toda costa que una hipotética limitación indebida de los derechos de participación política de los presos pueda traducirse en un pronunciamiento contra el Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que pueda invalidar la condena del Tribunal Supremo