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El letrado del Parlamento de Cataluña, Antoni Bayona, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

Los letrados del Parlament avisaron a Forcadell del riesgo de desobedecer al TC

Los juristas han declarado hoy como testigos ante el tribunal que investiga a la presidenta de la Cámara catalana por desobediencia y prevaricación

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Los responsables jurídicos del Parlamento catalán presentaron por iniciativa propia un informe para advertir al pleno de su obligación de respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), instantes antes de que la presidenta de la cámara Carme Forcadell, permitiera votar la hoja de ruta independentista.

Según fuentes judiciales, así lo han explicado hoy el exsecretario general de la Mesa del Parlament Pere Sol y el Letrado Mayor de la cámara catalana, Antoni Bayona, en su declaración como testigos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que investiga a Carme Forcadell por prevaricación y desobediencia al TC.

Los testigos han asegurado que, ante la previsión de que el pleno del 26 de julio pasado incluyera en su orden del día la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta una vía unilateral a la independencia, decidieron de "motu proprio" presentar ante la Mesa un informe jurídico advirtiendo de la obligación de esta de impedir cualquier iniciativa que desoyera las resoluciones del TC.

A petición de la Mesa, el Letrado Mayor confeccionó el pasado mes de diciembre un primer informe jurídico, a raíz de la sentencia en la que el TC anuló la declaración de ruptura que la cámara aprobó el 9 de noviembre de 2015, en el que advertía a los diputados de que debían abstenerse de desarrollar el proyecto político unilateral anulado por el Constitucional.

Informe jurídico

A diferencia de ese informe, el que se leyó en la cámara catalana antes de que Forcadell permitiera votar la hoja de ruta independentista fue elaborado por ambos juristas, el fin de semana previo al pleno del 26 de julio, porque intuían que la cámara podría debatir esos días las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Según han precisado los testigos, media hora antes de que se iniciara el controvertido pleno, y sin que tuviera conocimiento de ello ni los miembros de la Mesa ni los parlamentarios, los juristas introdujeron en el orden del día un breve informe, de apenas unas líneas, en el que recordaban la obligación de acatar las resoluciones del Constitucional.

Esa breve nota jurídica fue leída ante los miembros del Parlament, antes de la votación, pero los juristas han precisado que no advirtieron personalmente a la presidenta de la cámara de los riesgos de desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Uso "torticero" del reglamento

También han admitido los testigos que no elaboraron ningún dictamen sobre cómo debía proceder la Mesa ante el debate parlamentario de la hoja de ruta independentista que proponían JxS y la CUP ni se pronunciaron sobre si la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente debía llevarse a cabo o no.

En la querella que ha dado pie a que el TSJC investigue a Forcadell por prevaricación y desobediencia al TC, la Fiscalía acusa a la presidenta de la cámara catalana de utilizar "torticeramente" el reglamento del Parlament para poner en marcha por la "vía de hecho" su "designio soberanista", pese a las "claras advertencias" del TC.

Para la Fiscalía, Forcadell actuó "manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma" y de los pronunciamientos del TC y de la Mesa del Parlament.

El ex secretario general del Parlament que hoy ha declarado en el TSJC comunicó el pasado 29 de septiembre su renuncia al cargo "por motivos personales y familiares", precisamente a las puertas de un año clave para el proceso soberanista, que según los planes del Govern debería culminar con un referéndum de independencia en septiembre de 2017. Su renuncia se hizo pública al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara su intención de convocar un referéndum, con o sin aval del Estado.