Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, a quien el juez Llarena ha negado el permiso de excarcelación / EFE

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, a quien el juez Llarena ha negado el permiso de excarcelación / EFE

Política

Llarena niega el permiso a Junqueras para asistir a la investidura

El juez del Tribunal Supremo también rechaza dejar salir de prisión a Jordi Sànchez para acudir al pleno del martes

29 enero, 2018 16:03

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este lunes el permiso solicitado por Oriol Junqueras y Jordi Sànchez para asistir al pleno de investidura del martes. Tanto el exvicepresidente de la Generalitat como el expresidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya no obtendrán por tanto el permiso de excarcelación necesario para acudir al Parlament. 

Pese a no poder acudir al encontrarse en prisión preventiva por la causa sobre el procés, ambos diputados podrán delegar su voto --la Mesa del Parlament es quien tiene la última palabra--, como ya hicieron en el pleno de constitución de la Cámara. En esa ocasión, también solicitaron permiso, igualmente denegado. En un auto, Llarena recuerda que su actuación social y política es "irreconciliable" con el permiso que reclaman. 

Riesgo de reiteración delictiva

El magistrado considera que persiste el riesgo de reiteración delictiva, por lo que no le acepta los permisos necesarios. Tanto Junqueras como Sànchez y Joaquim Forn --antes de renunciar a su acta de diputado-- habían presentado un recurso de reforma ante la decisión de Llarena de negarles la salida para asistir a los debates y votaciones del Parlament

Otro de los argumentos de Llarena es que el voto delegado les permitió ejercer su derecho como diputados electos en el pleno de constitución de la Cámara "sin alteración ninguna de la aritmética parlamentaria". 

La decisión de hoy de Llarena puede ser recurrida de nuevo, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juez instruye la causa sobre el procés, en la que están los tres imputados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.