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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, Jose Maria Romero de Tejada (i), en una imagen de archivo / EFE

La ley de transitoriedad contempla el control político absoluto de jueces y fiscales

Los juristas advierten del intervencionismo que el 'Estado catalán' tendría en el poder judicial, así como del "golpe contra la democracia" que supone la inmunidad del presidente de la Generalitat

29.08.2017 00:00 h.
5 min

La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana contempla un “absoluto control” del poder judicial por parte del Gobierno de la Generalitat. Así lo advierten juristas consultados por Crónica Global, quienes arremeten, asimismo, contra el “golpe a la democracia” que supone la inmunidad otorgada al presidente del pretendido Estado catalán.

Esta ley, que sienta las bases jurídicas de la ruptura con España, fue presentada ayer por las formaciones independentistas Junts pel Sí y la CUP con la intención de que sea aprobada antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Contempla, entre otros asuntos, la doble nacionalidad, la cooficialidad de lenguas y amnistía de los condenados por defender el procés.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Xavier Arbós advierte de que la ley de transitoriedad contempla un absoluto “intervencionismo” del Gobierno de la hipotética República catalana en el poder judicial. “Si lo que querían era mejorar el modelo actual que tanto criticaban, se equivocan”. El jurista se refiere concretamente al nombramiento del “fiscal general de Cataluña”, que según el artículo 67 de la ley de ruptura sería nombrado por el Parlament a propuesta del Gobierno de la Generalitat, así como al nombramiento del presidente del “Tribunal Supremo de Cataluña” (TSC). Este cargo sería propuesto por una Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del Tribunal, integrada por el consejero de Justicia, cuatro miembros de la Sala de Gobierno del TSC y cuatro personas designadas por el Govern.

Proceso constituyente

Para Arbós “se trata de un asunto preocupante y que sería criticable incluso en un proceso pactado de secesión”. Asimismo, cuestiona que la ley no contemple la creación de un Tribunal Constitucional, pues si bien los derechos fundamentales están protegidos, se desconoce qué pasa con el incumplimiento de otras cuestiones contenidas en la ley.

El catedrático también alerta sobre el proceso participativo que debe concluir en la elaboración de una “Constitución catalana”. En este sentido, teme que las preguntas que el Fórum Social Constituyente formule a los ciudadanos “estén condicionadas, pues no sabemos quién integrará ese Fórum. ¿Òmnium? ¿UGT? ¿Un grupo excursionista?”.

Inmunidad del presidente de la república

Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana, coincide con Xavier Arbós en denunciar las injerencias del gobierno de la “República catalana” que contempla la ley.  “Veo un control político absoluto del poder judicial muy superior al que tiene el Consejo General del Poder Judicial”. El abogado denuncia especialmente la inmunidad de la que goza el presidente. Según el artículo 36, “el presidente o presidenta de la Generalitat durante su mandato goza de inmunidad, no puede ser detenido o retenido excepto en caso de delito flagrante. Corresponde al Tribunal Supremo de Cataluña decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente”.

Huguet subraya que, por el contrario, la Constitución española se limita a indicar que “la responsabilidad criminal y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. A su juicio, eso supone un “golpe a la democracia”. El jurista denuncia, asimismo, cómo la ley de transitoriedad “se carga la bilateralidad del derecho internacional, pues la República catalana lo aplicaría, guste o no al otro Estado, siempre y cuando lo hubiera firmado con España”.