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JxS y la CUP registran la ley del referéndum / EFE

La ley de ruptura configura un Estado catalán “autoritario y populista", según un grupo de juristas

‘Llibertats’ afirma que la norma presentada por los independentistas “degrada la separación de poderes” y está plagada de “preceptos sin contenido jurídico”

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De “autoritario y populista” tilda el colectivo de juristas Llibertats el hipotético Estado catalán que configura la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, presentada el lunes en el Parlamento de Cataluña por Junts pel Sí y la CUP. Llibertats elaborado un informe sobre la ley de ruptura, donde destaca la “absoluta incompatibilidad del texto, presentado por Junts pel Sí y la CUP, con los principios básicos que deben regir en todo Estado de Derecho”.

Explican que, en la exposición de motivos del texto, se garantiza la plena seguridad jurídica de una Cataluña independiente, y que la nueva República se constituiría desde el inicio como un Estado de Derecho. “Nada más lejos de la realidad.  La proposición de ley adolece de un problema que invalida desde el principio cualquier posibilidad de homologación jurídica dentro de un sistema democrático: la subversión del principio de jerarquía normativa. Pretender que una norma aprobada por un parlamento autonómico prevalga jerárquicamente y contradiga frontalmente normas de rango superior (no solo la Constitución Española, sino también entre otras el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña), supone quebrar uno de los pilares fundamentales de todo estado de derecho, y coloca la iniciativa no ya solo fuera de la legalidad española, sino también fuera de la legalidad europea e internacional”.

Asimismo, aseguran que la norma configura un “Estado Autoritario y populista”. En este sentido, tal como avanzó Crónica Global, afirman que queda “enteramente degradada una separación efectiva de poderes, fundamental en cualquier estado de derecho.  Y ello por cuanto el texto permite que una mayoría parlamentaria no reforzada controle de forma casi absoluta no solo el gobierno del poder judicial y el Tribunal Supremo (a través de la “comisión mixta” que se regula al efecto), sino también la sindicatura electoral y la Sala Superior de Garantías (equivalente a un tribunal constitucional”. 

Tintes asamblearios

Llibertat destaca los tintes “claramente populistas y asamblearios” de la regulación del proceso constituyente de la “Nueva República”, donde se prevé un Foro Social formado por entidades de la sociedad civil que “solo cabe entender que nombradas directa y discrecionalmente por el propio poder ejecutivo”, cuyas conclusiones y recomendaciones “constituirán un mandato vinculante para la Asamblea Constituyente, que vería así seriamente comprometida su función esencial”.        

Esta asociación de juristas afirma que la proposición de ley “está plagada de preceptos sin contenido jurídico o de difícil o imposible eficacia jurídica”. Así, se habla de “la aplicación del derecho de la Unión Europea, sin tener en cuenta que la eventual República Catalana quedaría fuera de la Unión Europea” y “se plantea la subrogación del futuro estado catalán en los tratados internacionales en los que España es parte, sin tener en cuenta a las restantes partes de dichos tratados”.-

Por otro lado, la ley de ruptura “establece un sistema de adquisición de la nacionalidad catalana más voluntarista que jurídico, confuso  imposible de llevar a la práctica; se postula el pleno derecho de todos los ciudadanos de la nueva república a las prestaciones públicas, incluidas las de la seguridad social, obviando el tema esencial, que es cómo se van a financiar”.

Por último, cabe destacar que el modelo territorial por el que opta la proposición de ley para la nueva República Catalana “es claramente centralista”.