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JuntsxCat cree que los letrados del Parlament se extralimitaron con la investidura de Puigdemont

Los letrados del Parlamento descartarán la investidura a distancia

ERC aceptó apoyar a Puigdemont pero lo condicionó a las conclusiones de sus servicios jurídicos

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Los letrados del Parlamento catalán descartan la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Aunque todavía no han presentado ningún informe oficial, las reuniones mantenidas han servido para acordar que la investidura tiene que ser presencial.

En ello coinciden todos y consideran que el texto del reglamento indica que el candidato a la presidencia tiene que asistir en persona al pleno, según La Vanguardia. Éste tiene que defender “delante del pleno su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara”, según la norma.

Los servicios jurídicos interpretan que “delante de” significa “en presencia de”, tal como aparece en el diccionario de la RAE y por el análisis del significado de esta locución en varios textos jurídicos. La reunión celebrada el miércoles les sirvió para determinar que finalmente no podrá haber una investidura vía Skype, por escrito o a través de una persona designada, como proponía Junts per Catalunya en los últimos días.

El acuerdo de JxCat y ERC

El artículo 93 del reglamento limita la delegación de voto a los casos de maternidad y paternidad, hospitalización, enfermedad grave e incapacidad prolongada. De hecho, Marta Rovira y Puigdemont acordaron el martes que ERC apoyaría reinvestir al expresidente siempre y cuando sus servicios jurídicos determinaran que es viable hacerlo a distancia, desde Bruselas.

Lo que sí pactaron sin condiciones fue no bloquear la constitución del Parlament, que será el 17 de enero. Existía la posibilidad de que los diputados independentistas no asistieran a la sesión constitutiva para que no hubiera quórum para celebrarse, aunque la opción ha quedado descartada.

Y es que el Código Penal, además de catalogar como delito de rebelión el hecho de declarar la independencia de una parte del territorio, también tipifica “disolver las Cortes Generales o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias”.