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La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, saluda con la mano a su llegada al Tribunal Supremo / EUROPA PRESS

Borràs rehúsa declarar ante el Tribunal Supremo

La diputada de JxCat en el Congreso estaba citada por las presuntas irregularidades de su época como directora de la Institució de les Lletres Catalanes

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Laura Borràs debía declarar esta mañana ante el Tribunal Supremo como investigada de presuntos delitos contra la Administración pública, pero no lo ha hecho. La diputada de Junts per Catalunya en el Congreso fue citada para realizar esta declaración hoy, pero se ha negado a dar su versión de los hechos ante los magistrados.

Es la segunda vez que la neoconvergente rechaza la oportunidad de explicar los hechos opacos descubiertos por la Guardia Civil en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) cuando Borràs ocupaba su dirección. La primera fue en febrero de este año, cuando el juez de la sala segunda del Supremo, Eduardo de Porras, le conminó a hacer una declaración voluntaria.

Excusas periciales

El argumento que Borràs ha esgrimido para negarse a declarar es que su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye, ha solicitado una diligencia pericial que está pendiente de ser realizada. Hasta que ello no ocurra, la diputada de JxCat no dirá una palabra ante los jueces. Y es más: ha dejado claro, a la salida del tribunal, que será ella la que solicite comparecer ante el magistrado cuando llegue el momento.

Laura Borràs ha llegado al Supremo acompañada del letrado Boye --que también defiende a Carles Puigdemont y Quim Torra en sus respectivas causas judiciales--, minutos antes de su citación para declarar, prevista a las 11 de la mañana y en menos de media hora ha abandonado el lugar. La presentación de la neoconvergente ante la justicia ha sido posible gracias a que el Congreso de los Diputados le retiró la inmunidad parlamentaria con la que cuentan todos los diputados, una petición que alzó el propio Supremo para poder investigarla.

 

Laura Borràs declara sobre la retirada de su inmunidad parlamentaria para poder ser investigada por el Supremo / CG 

Sospechosa de delitos económicos

La diputada es sospechosa de delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental, aunque ella ha defendido públicamente y en repetidas ocasiones que su causa se trata de una supuesta persecución al independentismo por parte del Gobierno nacional. Las acusaciones están realizadas sobre varios contratos con tintes de irregularidad otorgados al empresario Isaías Guerrero, amigo de Borràs, para realizar ciertos trabajos.

El informático facturó 18 servicios a través de sendos contratos, entre el que se encontraría la creación de una web e intranet de la ILC que nunca llegó a ver la luz, según la investigación. La sospechosa sostiene que fue la Guardia Civil --cuerpo responsable de la investigación-- quien hizo desaparecer esta página de internet. Los contratos fueron fraccionados en cantidades pequeñas --en total suman 259.863 euros-- "con la finalidad de eludir" la presentación de concursos públicos y poder ser otorgados a dedo al amigo de Borràs, tal como defiende la acusación. 

Ataques a la justicia

Borràs llegó a declarar que la investigación de la Guardia Civil se trataba de un montaje contra ella y que en España no podría tener un "juicio justo" ya que la suya era una causa con intereses políticos. Este mismo argumento ha sido defendido por representantes de su partido, entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Durante la sesión de control en el pleno del Parlament, ha declarado que Borràs es una "persona honorable, a una mujer valiente, una mujer que quiere a la cultura y la lengua del país y una trabajadora infatigable por la república catalana". Y ha añadido: "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que es un desafío independentista. Es imposible que Laura Borràs tenga un juicio justo".