Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
La presidenta del Parlament Laura Borràs en su discurso institucional con motivo del cuarto aniversario de la DUI/ PARLAMENT

Laura Borràs mueve hilos para colocar en el TSJC a un segundo magistrado autonómico

La presidenta del Parlament intenta incidir en la composición del mismo tribunal que podría abrirle juicio oral o procesarla por su presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo

8 min

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), mueve hilos para colocar a un segundo magistrado nombrado a propuesta de la Cámara catalana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el mismo que puede abrirle juicio oral o procesarla por la causa en la que se la investiga por una presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Según han informado a Efe fuentes conocedoras de la iniciativa, Borràs ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Parlament acerca de las posibilidades legales de recuperar a un segundo magistrado autonómico para el TSJC --una plaza que existía desde que se creó la sala en 1989, pero que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amortizó en 2017--, que ahora cuenta entre sus cinco miembros con un solo juez designado a propuesta del Parlament: Carlos Ramos.

Carta al CGPJ

En paralelo, la presidenta de la Cámara --investigada por el TSJC por supuestos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude administrativo-- ha enviado una carta al CGPJ en la que pide información sobre el destino de la plaza que ocupaba el magistrado Francisco Valls, jubilado en mayo de 2020.

En su carta, a la que ha tenido acceso Efe, Borràs alude a "informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación" que apuntan a que, tras la jubilación de Valls, "sigue todavía sin cubrirse en el TSJC la segunda plaza de asignación autonómica" y, en nombre de la Mesa del Parlament, pide que se aclare si esa información es fidedigna.

"Subsanar la anomalía"

De ser así, la dirigente de JxCat solicita que se le comuniquen "los procedimientos y plazos" que van a seguir el CGPJ y el TSJC "para subsanar tal anomalía" --puesto que, añade la misiva, "de una anomalía suponemos que se trata"-- e informa de que el Parlament empezará a "trabajar en la selección de la preceptiva terna de candidatos".

La sala civil y penal del TSJC, aclaran fuentes judiciales, perdió su segundo magistrado autonómico no con la jubilación de Valls, sino con la excedencia que solicitó en 2016 el juez Joan Manel Abril --que instruyó el caso de la consulta secesionista del 9N--, para dedicarse a su labor de catedrático de la UAB, que compagina con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andorra.

Terna de candidatos propuesta por el Parlament

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los tribunales autonómicos una de cada tres plazas sea cubierta por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio y elegido por el CGPJ de entre una terna propuesta por el Parlament, donde en la actualidad las formaciones secesionistas --JxCat, ERC y la CUP-- tienen mayoría absoluta.

Así fue en la sala civil y penal del TSJC, que cuenta con una planta judicial de cinco plazas desde su creación en 1989, pero tras la excedencia de Abril, en junio de 2017, el CGPJ cambió de criterio y optó por amortizar la plaza de magistrado autonómico en aplicación de la Ley d'Hondt, el método para asignar escaños que rige la normativa electoral en España.

En plena efervescencia política por el procés secesionista en Cataluña, el CGPJ desistió de dirigirse al Parlament para informarle de la vacante y pedirle que propusiera la preceptiva terna de juristas, ni de la Cámara catalana partió iniciativa alguna para reclamar el segundo magistrado autonómico.

Borràs, al acecho

Borràs quiere explorar el terreno legal que permitiría al Parlament colocar un segundo magistrado autonómico, en un momento en que se avecinan cambios en la composición de la sala del TSJC y se está a la espera de que los partidos desbloqueen la renovación del CGPJ, que desde hace meses tiene vetado hacer nombramientos en la cúpula judicial por estar en funciones.

Según las fuentes consultadas, una vez conteste el CGPJ, Borràs espera poder activar el procedimiento para que el Parlament plantee su terna de nombres.

Magistrados

El propio presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de la asociación moderada Francisco de Victoria, tiene el mandato prorrogado desde el pasado mes de febrero, pero su permanencia en la sala civil y penal está garantizada: aunque no opte a la reelección, dispondrá de plaza por haber presidido la institución.

Son también titulares de una plaza en el TSJC sus dos expresidentes Maria Eugènia Alegret, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, y Miguel Ángel Gimeno, de la progresista Jueces por la Democracia y que está en excedencia desde que en 2016 fue nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Gimeno está al borde de la jubilación --en un año como máximo-- y cuando se retire su plaza la consolidaría el magistrado de la APM Fernando Lacaba, quien la ocupa actualmente.

La investigación, en manos de Jordi Seguí

Junto a esos tres magistrados de carrera y el único de extracción parlamentaria, la sala cuenta con el juez Jordi Seguí en comisión de servicios, quien precisamente tiene en sus manos la investigación por supuesta corrupción contra Laura Borràs.

Jordi Seguí ocupa la vacante que dejó la magistrada titular Núria Bassols, a quien el expresidente catalán Artur Mas fichó en 2013 como comisionada de Transparencia y es esposa de uno de los empresarios imputados en el llamado caso 3% de Convergència. Tras su regreso al TSJC, que investigaba una de las piezas de esa trama presuntamente corrupta, accedió a trasladarse temporalmente a la sala contenciosa.

Coincidiendo con este movimiento para incidir en la composición del TSJC, los servicios jurídicos del Parlament han elaborado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara --apoyada solo por JxCat-- que permitiría a Borràs mantener su escaño ante una eventual apertura de juicio oral o procesamiento en la causa en que se la investiga por delitos de prevaricación o malversación en la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC.