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Jordi Terrades (PSC) y Hortènsia Grau (CSQP) han sido los primeros diputados en pedir explicaciones al gobierno por el 'caso ATLL'.

La oposición pide la comparecencia de Rull y De Alfonso por el ‘caso ATLL’

PSC y CSQP presionan para que el gobierno catalán inicie la resolución del contrato con Acciona mientras el gobierno analiza la resolución de Antifraude con el paso cambiado

7 min

El informe de la Oficina Antifraude de Catalunya que detalla las “irregularidades constatadas” en la gestión de Acciona en ATLL avanzado por Crónica Global --hecho que facilita la resolución del contrato sin indemnización y abre la vía penal por los presuntos delitos penales de falsedad mercantil y administración desleal cometidos por el operador del servicio, según la institución-- ha propiciado que los partidos de izquierda del Parlament se movilicen para pedir, de entrada, explicaciones al equipo de gobierno de Junts pel Sí.

PSC y Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) registraron este mismo martes solicitudes en la Mesa de la Cámara para que comparezcan ante la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad el director de la institución que persigue la lucha contra el fraude, Daniel de Alfonso, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

Explicaciones de Antifraude y el gobierno

Los escritos del socialista Jordi Terrades y la ecosocialista Horténsia Grau piden que el magistrado detalle a los diputados el esquema de facturas cruzadas detectado para incrementar en 13,5 millones de euros los gastos de la gestora de agua. Bajo este argumento llaman a Rull, aunque al político de CDC no le espera una comparecencia tranquila.

Su predecesor en el cargo, Santi Vila, hizo lo propio en varias ocasiones al lado del por entonces máximo responsable de las finanzas catalanas, Andreu Mas-Colell. Se repartían las respuestas a la oposición sobre por qué era mejor que la Generalitat mantuviera la concesión de ATLL a Acciona pese a que la viabilidad del contrato estaba en el aire tras las primeras resoluciones del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Supremo. Su mayor argumento era la falta de recursos del Govern para indemnizar al operador del servicio.

Situación cada vez más compleja

En ese momento no se había entrado en la “cuestión de fondo” del asunto, la validez de una resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que echaba a Acciona de la licitación por no cumplir con el pliego de condiciones y obligaba al licitador a volver al momento de la adjudicación. El alto tribunal catalán y el Supremo sólo habían rechazado las medidas cautelares que el Govern y Acciona habían solicitado para mantener la concesión.

Ha llovido mucho en el último medio año y la situación es cada vez más compleja. La guerra del agua --el litigio entre Agbar, Acciona y la Generalitat-- ha llegado a un momento procesal en el que se espera a que el Supremo ratifique o no la sentencia del TSJC del pasado verano que, directamente, anulaba la adjudicación pública por las irregularidades en el proceso de adjudicación.

Denuncia de CGT

El informe de Antifraude no hace ninguna referencia a la licitación, sólo investiga las irregularidades que CGT denunció en el cruce de facturas entre ATLL y Acciona que incrementaban el gasto ordinario.

El documento sanciona el impacto que ha ocasionado al erario público y la simulación del incremento de tarifa de 2015, la primera que se podía subir según el pliego de condiciones de la concesión, y que hubiera tenido un efecto real en la factura del agua de 4,5 millones de catalanes a partir de 2017.

Preguntas de CSQP

La portavoz del Govern, Neus Munté, remarcó este dato en la primera comparecencia pública de Junts per Sí tras el nuevo escándalo en la privatización del agua en Cataluña. Rull deberá prepararse los argumentos, porque la oposición carga las tintas.

Grau ya ha registrado cinco preguntas a la Mesa del Parlament para que el consejero las responda en el pleno del próximo miércoles. Preguntas que inciden en si el Govern tiene previsto iniciar definitivamente el proceso de resolución del contrato con Acciona o si se personará cómo denunciante ante la Agencia Tributaria por las derivadas fiscales de la simulación de mayores gastos.

Ciudadanos y PP

El partido que lidera la oposición, Ciudadanos, no ha reaccionado con tanta rapidez como las fuerzas de la izquierda. Fuentes del entorno de Inés Arrimadas aseguran que pedirán responsabilidades al gobierno presidido por Carles Puigdemont y que también harán preguntas en el plenario de la semana próxima, pero aún no las han concretado.

Tampoco lo ha hecho el PP. El diputado Santi Rodríguez recuerda que ya plantearon cuestiones sobre el caso ATLL al vicepresidente económico, Oriol Junqueras, en la comparecencia que hizo el lunes. El líder de ERC “echó pelotas fuera” el mismo día en el que Antifraude le remitía una copia del informe que da la puntilla a la privatización.

División en Junts pel Sí

Los dos grandes partidos de Junts pel Sí están divididos sobre el futuro de ATLL. CDC ha defendido con uñas y dientes la concesión desde el principio, mientras que ERC apuesta por recuperar la gestión pública del agua siempre que no suponga una gran penalización para las arcas de la Generalitat.

Antifraude ha sido la primera institución que plantea que no es necesario indemnizar a Acciona por los “incumplimientos muy graves” del pliego de condiciones al alterar la facturación. Por ello, piden tiempo para analizar los escenarios futuros que ahora se plantean.

CUP y Ciudadanos piden tiempo

La CUP está en una tesitura parecida. Recuperar la gestión pública de ATLL es una de las prioridades básicas de los antisistema, pero sus diputados no darán ningún paso para exigir que el Govern cumpla las peticiones de Antifraude hasta que se lo pidan las bases del partido. La decisión es colegiada y se tomará en las asambleas territoriales.