La 'hacienda propia' catalana no tiene quien le haga los bocatas

La Generalitat de Cataluña ha declarado desierta la licitación para el servicio de cafetería y comedor de la nueva sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que está previsto que abra sus puertas el próximo mes de abril en la Zona Franca de Barcelona. Este es sólo uno de los múltiples problemas que está planteando el traslado del embrión de la hacienda propia que persigue el Govern. Y se suma al sobrecoste que está generando la mala gestión del contrato de la sede actual, y a las quejas de los trabajadores, que advierten que el nuevo edificio está lejos de estar en condiciones, que la zona carece de los mínimos servicios esenciales y tiene un difícil acceso.

La licitación, abierta el pasado 17 de diciembre para el servicio de "cafetería y comedor en modalidad de cátering en linea fría y en régimen de autoservicio", no despertó precisamente un gran entusiasmo. Sólo se presentó un único candidato. Que ni siquiera respondió a los requerimientos de la administración autonómica --hasta tres veces, por correo y por teléfono-- para que solucionara las "carencias" que se encontraron en su propuesta, por lo que la Generalitat decidió declarar desierta la licitación. Posteriormente se ha abierto un nuevo concurso. Esta vez, negociado sin publicidad.

Requisitos económicos asequibles

Los requisitos a las empresas aspirantes no eran precisamente descabellados. La Generalitat exigía a los licitadores una cifra mínima de negocios anual de 80.000 euros en los últimos tres ejercicios, así como una póliza de responsabilidad civil de al menos 300.000 euros.

Más problemas puede haber traído el hecho de que la licitación era "sin coste directo" para la Generalitat. Es decir, sin pago al contratista, que debía obtener su beneficio exclusivamente de las ventas en la cafetería. La administración autonómica detallaba, en el pliego de condiciones técnicas, que actualmente trabajan en la sede de la ATC "aproximadamente 350 personas". Y añadía que, "dado que la ATC no ha dispuesto nunca de este tipo de servicio y del cambio de ubicación de las oficinas, se hace muy difícil prever la demanda".

Algunos de los precios máximos fijados por la Generalitat eran de 1 euro para un cortado, 2,60 euros un bocadillo de jamón, o 7,90 euros el menú del día.

Las quejas de los trabajadores

Los trabajadores han cargado contra la Generalitat, entendiendo que su licitación estaba mal formulada. Pero tienen muchas otras quejas sobre la nueva sede, que consideran que no está en condiciones para el traslado. Desde la sección sindical de CCOO se alerta de que el inmueble no tiene suficientes lavabos para mujeres, ni suficientes fotocopiadoras, ni neveras para la zona de office.

Señalan también que el servicio de lanzaderas proyectado –la nueva sede, rodeada de un kilómetro y medio de naves industriales y descampados, tiene una limitada comunicación con transporte público– debe incrementarse en las horas punta, y ampliarse para que coincida con el horario de salida de los trabajadores. Tanmbién señalan la incongruencia de que no se hayan coordinado estas lanzaderas con las que llevaran los trabajadores a la vecina sede provisiona de Aguas de Barcelona (Agbar) cuándo al final la empresa que explotará el servicio es la misma. 

También lamentan que no tienen información sobre puntos como la lista de trabajadores con plaza de párking reservada o la distribución de los puestos de trabajo, pese a que lo solicitaron hace ya dos semanas.