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La alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, recibe la vara de la ciudad de manos de su predecesor, Oriol Junqueras.

La fiscalía tramita dos denuncias contra el legado municipal de Junqueras

El ministerio fiscal analiza si Sant Vicenç dels Horts dio trato de favor a una empresa cuando el vicepresidente era alcalde de la ciudad

María Jesús Cañizares
2 min

La gestión de Oriol Junqueras como alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) le ha explotado en la cara a sus sucesores. La fiscalía deberá determinar si hubo trato de favor en la aplicación de una ordenanza fiscal elaborada durante el mandato del líder de ERC y que entró en vigor el mismo día en que anunció su renuncia como primer edil.

Las sospechas, que han dado lugar a dos denuncias, una del concejal no adscrito Santos Mateo, y otra posterior firmada por PSC y CDC, recaen sobre el concejal de Hacienda Manuel Ortega, fundador de Súmate y hombre de confianza de Junqueras.

En excedencia

Ortega formaba parte de la plantilla y era presidente del comité de empresa de Fercable, una empresa del grupo Prysmian Group. La planta situada en Sant Vicenç cerró sus puertas en 2012, por lo que Ortega se encuentra actualmente en régimen de excedencia. Parte de la plantilla fue recolocada en otras sedes de la empresa en Cataluña.

Se da la circunstancia de que Fercable fue la primera empresa en beneficiarse de las nuevas ordenanzas fiscales aprobadas en el pleno municipal el 15 de octubre de 2015 y que entró en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año, que contempla una rebaja del 50% del impuesto de la plusvalía municipal en determinadas operaciones de compraventa.

Facilitar la instalación de empresas

El objetivo de esa norma, que en principio ninguno de los denunciantes cuestiona, es facilitar la instalación de empresas en la zona. En este caso, Fercable se ahorró unos 500.000 euros en impuestos por la venta de sus instalaciones a la empresa china Ta-Tung. Así, el 25 de enero de 2016, Fercable solicitó la bonificación, que le fue concedida el 12 de febrero.

El pasado 9 de mayo, el concejal Santos Mateo presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación. Un mes después, PSC y CDC hicieron lo propio en la fiscalía de Barcelona, que ha agrupado ambas denuncias a petición de anticorrupción.

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