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Protesta de padres, alumnos y profesores en la escuela El Sagrer de Sant Andreu (Barcelona).

La CUP se suma de nuevo a un frente común contra Junts pel Sí

Los antisistema firman una iniciativa parlamentaria junto a PP, PSC, Ciudadanos y Catalunya Sí Que Es Pot que se opone a los recortes educativos

María Jesús Cañizares
2 min

Tras vetar los presupuestos de la Generalitat de 2016, con la consecuente tormenta política y división interna, la CUP ha vuelto a sumarse al frente común de la oposición parlamentaria contra la gestión del Govern de Junts pel Sí. En esta ocasión, son los recortes educativos el motivo de ese rechazo al Ejecutivo que un día se comprometieron a apoyar.

Se da la circunstancia de que la coalición formada por CDC y ERC acusa precisamente a los antisistema de propiciar esos tijeretazos en el ámbito de la enseñanza con su negativa a apoyar las cuentas catalanas. Una negativa que ha provocado un cisma en la CUP, con la marcha del 40% de su dirección.

Necesidades educativas

En efecto, CUP, PP, PSC, Ciudadanos y Catalunya Sí Que Es Pot han presentado una propuesta de resolución sobre las necesidades educativas para el próximo curso 2016-2017, coincidiendo con el fin del curso escolar y con una nueva movilización de padres, profesores y alumnos en defensa del sistema público y del aumento de recursos para la escuela inclusiva. 

Esa iniciativa parlamentaria ha registrado en la Cámara catalana después de que el departamento de Enseñanza convocara a las direcciones de los centros educativos de Cataluña para informarles de que no podrá aumentar las dotaciones previstas debido a la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2016, que contemplaban un aumento de 211 millones en políticas educativas.

Créditos para varios objetivos

La oposición exige un incremento de 400 dotaciones destinadas a centros de máxima complejidad --149 en escuelas y 79 en institutos--, tal como había previsto la Generalitat. Para ello, insta a pedir créditos que garanticen ese aumento, así como los recursos necesarios para mantener las plantillas y la escolarizar a nuevos alumnos en centros públicos.

La Generalitat se ha comprometido a negociar una partida para financiar la incorporación de 350 docentes, pero USTEC, CCOO, UGT y ASPEPC consideran que la inversión no cubre las necesidades de la escuela inclusiva.