La CUP pone el listón demasiado alto para Junts pel sí

La CUP sigue manteniendo el protagonismo del procés, 10 días después de las elecciones del 27S. La muy esperada "conferencia política" que ha protagonizado el partido de la izquierda alternativa no ha despejado lo que se planteaba como la principal duda del panorama político postelectoral en Cataluña, si Mas va a ser president o no. De hecho, no ha resuelto demasiadas dudas, y sí ha planteado muchas otras.

En un acto perfectamente estudiado y coregrafiado, con siete breves intervenciones --leídas y no improvisadas, y sin turno para preguntas ni debate--, siete de los 10 diputados electos de la CUP, Antonio Baños, Anna Gabriel, Albert Botran, Eulàlia Reguant y Josep Manel Busqueta, han presentado los ejes básicos sobre los que desean que pivote el proceso de "ruptura" con España y la futura República catalana a la que aspiran.

Unos ejes que plantean un programa prácticamente revolucionario y de desobediencia civil, y que pasan por la "ruptura con la legalidad española", por un "plan de choque" de carácter social y por una constitución que garantice una soberanía "horizontal". Y que representan, al menos en la forma expresada este jueves, condiciones inasumibles para Junts pel sí.

La primera condición, desobedecer

La CUP ha pedido, en primer lugar "unilateralidad", porque "es absolutamente ingenuo construir una República catalana desde dentro de la legalidad española", en palabras de Benet Salellas. Ha matizado que su formación está abierta a discutir el método y el ritmo, si debe producirse "una ruptura muy grande o múltiples microrupturas". Pero ha pedido de entrada, una "primera ruptura" con la legalidad española ya antes de la investidura.

También ha propugnado que desde las instituciones catalanas se declare la "absoluta incompetencia" del Tribunal Constitucional en Cataluña. Y han precisado que no piensan obedecer diversas leyes concretas, como la LOMCE, "la ley mordaza" o la reforma del aborto.

La CUP contradice así, al menos en parte, su primera reacción tras el 27S, cuando renunció a su propuesta de declaración unilateral de independencia inmediata, al no conseguir el independentismo más del 50% de los votos. No ha habido contradicción en los otros dos "ejes" de sus propuestas.

Parar y revertir privatizaciones

En el aspecto social, la formación ha pedido, en la voz de Eulàlia Reguant, un "plan de choque" con "medidas urgentes" para favorecer a los "más afectados" por la crisis. Un plan que incluye una "moratoria a los desahucios", y una "revisión de las privatizaciones realizadas y previstas". En cuanto al "proceso constituyente", Antonio Baños ha hablado de una constitución que dé poder "a las instituciones populares", en el ámbito "local y sectorial".

La CUP no ha presentado estas condiciones como exigencias para dar o no apoyo a Mas en la legislatura, sino para acompañar --y marcar-- a Junts pel sí en el procés. De hecho, han puesto énfasis en que lo importante no es "el quién" si no "el qué, el cómo y el cuándo". Los diputados cupaires han dejado muy claro que la responsabilidad de formar gobierno es de Junts pel sí, y que no se plantean entrar en el Ejecutivo. Aunque su apoyo externo es imprescindible, si la coalición electoral de Mas y Junqueras pretende seguir con una hoja de ruta independentista.

Condiciones imposibles de asumir, de entrada

En conjunto, estas condiciones son claramente inasumibles para Junts pel sí, y muy especialmente para CDC. Aunque los portavoces cupaires han dejado en la ambigüedad si sus condiciones son de mínimos y representan un bloque que hay que tomar o dejar, o si son negociables. En el segundo caso, se abriría una ronda de negociaciones impredecible --pero seguro que dura, y con múltiples presiones--, en la que CDC y ERC deberían, cuanto menos, asegurar el carácter "unilateral" del procés e implementar diversas medidas sociales. En el primer caso, de un todo o nada, se plantean tres posibles escenarios.

Si no hay acuerdo y la CUP no da su aval a un Gobierno de Junts pel sí, Cataluña podría verse abocada a nuevas elecciones, que deberían celebrarse como máximo en enero, dos meses después de la primera sesión de investidura. Otra opción para Mas sería obtener el apoyo para la investidura de alguna otra formación, como el PSC o Catalunya sí que es pot. Aunque esto supondría renunciar a la hoja de ruta independentista, y podría suponer una ruptura en el seno de Junts pel sí. Tampoco es descartable un tamayazo, con el apoyo individual de los diputados de la CUP a la investidura y a un ejecutivo de Junts pel sí.

Que se abran o no negociaciones, y hasta qué punto, no depende sólo de la voluntad de CDC y ERC. Los estrategas de la CUP --y, en último término, sus órganos de decisión asamblearios-- deben decidir hasta dónde quieren llegar en sus exigencias. Y elegir entre mantener la coherencia de su mensaje anticapitalista y de ruptura --eventualmente, al coste de aparecer como quien paraliza el procés--, o transigir con condiciones que parte de su electorado consideraría como una traición.