Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
Montse Venturós, alcaldesa de Berga, arropada por dirigentes de la CUP tras negarse a declarar ante la juez / CG

La CUP adoctrina jurídicamente a sus alcaldes para ejercer la desobediencia

“Cuando la ley es injusta, desobedecerla es justicia”, afirman en un informe sobre las mociones municipales de apoyo al acuerdo de ruptura del 9N

María Jesús Cañizares
3 min

Los antisistema han celebrado hoy una primera reunión con sus alcaldes y concejales para adoctrinarles en la desobediencia a la Audiencia Nacional e informarles de los recursos jurídicos que tienen a su alcance para evitar consecuencias. En ese encuentro, celebrado en Artés (Barcelona) y al que han asistido una cincuentena de cargos electos de la CUP-PA, las abogadas Montserrat Vinyets, de la comisión de juristas de la CUP, y Eva Pous, de Alerta Solidaria, han subrayado que la motivación de la Fiscalía “sólo puede ser política” por lo que, con el Código Penal español en la mano, las mociones municipales de apoyo a la declaración de ruptura del 9N, aprobada en el Parlamento de Cataluña, no pueden ser motivo de delito.

La lección jurídica de los antisistema tiene lugar después de que la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP) se negara a declarar ante la juez, tras ser citada como imputada por mantener una bandera independentista en su sede consistorial durante la campaña electoral.

Penas de hasta 18 meses de prisión

Según un informe elaborado por los juristas de la CUP, “hay que desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional española”, pero admiten que ello podría ser clasificado de un delito de desobediencia a la autoridad. En este caso, añaden, se podría ordenar a la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional la entrada en los ayuntamientos para hacerse con la documentación requerida. Ese delito, indican, comporta una pena de hasta 18 meses de prisión y 3 años de suspensión del cargo público. Sin embargo, Montserrat Vinyets afirma que “cuando la ley es injusta, desobedecerla es justicia”.

Rebelión y sedición

El informe de la CUP, acompañado de casos prácticos, también destaca que, según el Código Penal, para incurrir en los delitos de rebelión y sedición es necesario que haya uso de la violencia física, lo que no ha ocurrido en ningún caso en la aprobación de las mociones de apoyo a la declaración del 9N los ayuntamientos catalanes.

La formación de electos de la CUP se enmarca en la campaña «sin miedo» con la que los anticapitalistas apelan a la desobediencia como única manera de hacer camino hacia la independencia y buscan el apoyo de la sociedad civil a los cargos electos perseguidos que se atrevan a desobedecer. La CUP ha convocado para el domingo 7 de mayo una manifestación abierta a todas las formaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los cargos electos y en las instituciones investigadas por independentistas por los tribunales españoles.