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La carretera de Palma a Manacor.

La carretera de los sobornos

Todo a punto para el juicio contra trece acusados de desviar millones de euros de fondos públicos procedentes del desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor, en Mallorca

Carlos Ballfugó
3 min

Un chalet construido con fondos públicos disfrazado de templo de meditación chino, pistas de fútbol levantadas sin contraprestación alguna, asfaltados en viviendas de ex dirigentes políticos con materiales sufragados por el Consell de Mallorca. Son los sobornos que se escondían tras la ejecución de la infraestructura estrella impulsada bajo el último mandato de Maria Antònia Munar al frente de la institución insular: el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor.

Su construcción fue aprobada en 2004 con un presupuesto de 107 millones de euros. Doce años después, con Munar en prisión, los ex altos cargos que se encargaron de gestionar las obras y los empresarios que participaron en ellas se enfrentan a peticiones que suman más de 154 años de cárcel por un presunto desvío de 42 millones y por los cuantiosas dádivas que pasaron por sus manos, tanto en metálico como en especie.

Trece acusados

La causa, conocida como caso Peaje, fue impulsada en 2009 y será en próximos meses cuando los trece acusados del mismo sean juzgados por un tribunal del jurado. Entre ellos se encuentran varios ex dirigentes de Unió Mallorquina (UM), cúpula del departamento de Obras Públicas liderada por el ex conseller Antoni Pascual, que se lucraron del proyecto gracias a la contraprestación de las empresas concesionarias. Las mercantiles llevaron a cabo obras de reforma en sus domicilios particulares y las facturaban a la UTE de la que formaban parte con cargo al erario público.

En concreto, la unión de empresas encargada de la construcción estaba integrada por Sacyr e Itinere Infraestructuras, filiales de Sacyr Vallehermoso, así como por Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa y MAB.

Templo chino

La Fiscalía sostiene que los trabajos privados eran facturados como coste de la obra por lo que acababan repercutiendo a las arcas del Consell como si hubieran sido parte de la inversión en la carretera.

El paradigma de los sobornos lo protagoniza la vivienda de uno de los ex altos cargos acusados, la del ex director de Obras Francisco Orejudo. Hasta 699.000 euros costaron las obras del inmueble, que acabaron siendo sufragadas con fondos de la institución insular. Frente a las acusaciones de la Fiscalía, Orejudo asegura que la edificación fue construida gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang. Unas justificaciones que la jueza que se encargó de instruir la causa calificó de "surrealistas".

La magistrada sembraba la duda sobre las declaraciones de quienes dijeron "haber aportado fondos, algunos desde Taiwán, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización". "Además, añaden otra justificación igual de increíble como es que se iba a donar la casa a la asociación, aunque no el terreno", perteneciente a la mujer de Orejudo, también acusada.

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