La ponencia conjunta de la reforma del reglamento del Parlament, solo con la presencia de JxS y la CUP / PARLAMENT

La ponencia "conjunta" de la reforma del reglamento del Parlament, solo con la presencia de JxS y la CUP / PARLAMENT

Política

JxSí y la CUP acuerdan en 15 minutos la reforma para agilizar la “desconexión”

La ponencia "conjunta", en la que solo participaban ambos partidos, ha aprobado la propuesta para permitir la vía de urgencia en la ley de transitoriedad

24 marzo, 2017 11:24

Junts pel Sí y la CUP han matado en 15 minutos la ponencia para la independencia exprés. Éste es el tiempo que han tardado este viernes ambos partidos, los únicos que participaban en la reunión, en acordar registrar una proposición de ley para reformar el reglamento por la vía de urgencia. El objetivo es agilizar la “desconexión”.

El encuentro ha empezado a las 10 de la mañana y 15 minutos después ya había terminado. Según ha explicado el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, prevén que se apruebe a finales de mayo. La oposición insiste en que el Tribunal Constitucional (TC) ya advirtió de que una ponencia conjunta no puede prosperar si no es apoyada por una mayoría de grupos del Parlament.

Esto permitiría incluir en el reglamento del Parlament la posibilidad de aprobar leyes mediante lectura única, sin debate y previo y en dos horas. Por ahora, solo el Govern podrá usarlo en casos en los que hay consenso mayoritario para agilizar los trámites. 

La constitución de la ponencia conjunta tiene lugar después de que todos los grupos de la oposición --PP, PSC, CSQP y Ciudadanos-- hayan acusado a las dos formaciones independentistas de forzar cambios en el reglamento parlamentario en interés propio --fue reformado hace pocos meses--, vulnerando el derecho al debate. Con esta reforma, los secesionistas pretenden que la ley de transitoriedad jurídica --conocida como de desconexión-- se haga por la vía de urgencia, es decir, en una única sesión plenaria. La idea es acortar los plazos y reducir el margen de maniobra de las instituciones del Estado para impugnar esa normativa, que debe permitir el paso de las leyes españolas a las propias de una "república catalana".