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Laura Borràs y Jordi Turull, presidenta y secretario general de Junts per Catalunya (JxCat)

JxCat desafía a ERC y rechaza la reforma que flexibiliza la inmersión lingüística

Los neoconvergentes, que firmaron el pacto con los republicanos, comunes y PSC, dicen ahora que no hay consenso y que el acuerdo no impide la ejecución de la sentencia del 25% de castellano

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Junts per Catalunya (JxCat) no participará en la reforma de la ley de política lingüística que en un principio acordó con ERC, En Comú Podem y PSC porque considera que no hay consenso en la comunidad educativa y porque no impide la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano en las aulas.

De esta forma, los neoconvergentes echan un nuevo pulso a sus socios de Esquerra en el Govern, cuyas consecuencias no ha querido valorar el portavoz del partido, Josep Rius, quien ha explicado que han trasladado esta decisión al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ERC. En los próximos días, JxCat trasladará al Govern una propuesta "sobre como actuar para proteger el catalán". Ha admitido que hay "otras mayorías parlamentarias" para aprobar esa reforma de la ley, que el gran acuerdo contempla para dar seguridad jurídica a un modelo educativo que contemple las directrices del TSJC, sin establecer un sistema de cuotas lingüístico. Según Rius, esa reforma supone "un retroceso".

Nueva brecha entre los socios del Govern

En efecto, la reforma saldría adelante con los votos de ERC, comunes y PSC, pero abre una nueva brecha entre los republicanos y Junts, aunque en esta ocasión se trata de un tema crucial para los independentistas. JxCat ha bloqueado en tres ocasiones la tramitación del acuerdo firmado el pasado 23 de marzo y que debía aprobarse por vía de urgencia.

El texto mantiene el catalán como lengua vehicular, pero garantiza también el aprendizaje en castellano mediante la presencia adecuada de ambos idiomas en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro. Las escuelas y los institutos tendrían la última palabra para definir los porcentajes concretos en base a las necesidades que tengan los alumnos. Es decir, plena autonomía para que esto se fije incluso en función de cada grupo.

Tal como publica hoy Crónica Global, un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), organismo asesor de la Generalitat que depende de la Consejería de Presidencia, avala que la reforma de la Ley de Política Lingüística debe reconocer la posibilidad de que el castellano sea utilizado como lengua en la enseñanza y garantizar una regulación flexible que permita a los centros escolares adaptarse a las realidades lingüísticas. Este documento considera que esos cambios son adecuados para dar respuesta a la TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de horario lectivo en castellano.