El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado en el Congreso que, la semana que viene, empezará a tramitar las peticiones de indulto de los presos del procés. Un procedimiento que se puede alargar entre seis y nueve meses antes de que se decida sobre la situación de los líderes políticos condenados por sedición que se han acogido a esta figura.
En respuesta a los ataques de Laura Borràs (JxCat) en sede parlamentaria, Campo ha respondido que los indultos "que le preocupan" empezarán a tramitarse "la semana que viene". Cabe destacar que se trata de un procedimiento ordinario, ya que el Gobierno debe estudiar estas peticiones; de lo contrario, estaría prevaricando.
De seis a nueve meses
Fuentes cercanas al ministro han confirmado que estos trámites se demoran, por lo habitual, entre seis y nueve meses. Y añaden que cada petición de indulto se analiza por separado, dado que es un derecho individual de cada preso. Asimismo, el ministerio debe ahora recabar información en este proceso antes de tomar una decisión.
Por último, hay que recordar que ninguno de los condenados por los delitos cometidos en el marco del procés ha solicitado el indulto, si no que han sido otros los que lo han hecho por ellos. En concreto, UGT ha pedido el perdón para la exconsellera Dolors Bassa --dijo que lo aceptaría--; los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert han hecho lo propio con la también expresidenta de la Cámara Carme Forcadell; y el abogado Francesc de Jufresa lo ha planteado para los 12 condenados: Oriol Junqueras, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Santi Vila, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y las ya citadas Bassa y Forcadell.
El ministro de Justicia, el Rey y el Consejo de Ministros
La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En paralelo, cabe mencionar que el Gobierno ha puesto en marcha una reforma del delito de sedición, un gesto que beneficiaría a los condenados por el 1-O y, también, a los fugados.
