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'Mossos per la República Catalana' en una manifestación / TWITTER

La Justicia da la razón a la cabo que denunció el independentismo en los Mossos

El TSJC suspende la sanción impuesta a la agente, que tildó a la cúpula policial de "Genestapo"; y no es la primera vez que gana a la Consejería de Interior, que debe pagar las costas judiciales

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La Justicia ha vuelto a dar la razón a la cabo de los Mossos d’Esquadra Inma Alcolea, sancionada por denunciar el independentismo existente en la cúpula de la policía autonómica.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por la Consejería de Interior contra la decisión de un juez de dejar en suspenso de forma cautelar la aplicación de la sanción impuesta a Alcolea --defendida por el abogado Jacinto Quintans, del despacho Albácar-Clusa--, que tildó a la cúpula policial como "Genestapo". Y condena a la Generalitat a pagar las costas judiciales.

Inma Alcolea en mayo de 2019 / CG

Hace cuatro meses, otro juez archivó otro expediente disciplinario abierto contra la mossa por injuriar supuestamente al expresidente Carles Puigdemont.

"Golpistas disfrazados de mossos"

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 2018 cuando la cabo, estando fuera de servicio, acudió a un acto de Sociedad Civil Catalana (SCC) celebrado en Girona, donde calificó al cuerpo de los Mossos con la citada expresión de "Genestapo". Entonces aseguró que los mandos de este cuerpo policial eran “golpistas disfrazados de mossos”. La Dirección General de la Policía acordó el 9 de octubre de ese año imponer a la agente una sanción de seis meses de suspensión de funciones con pérdida de retribuciones, como responsable de una falta de carácter grave.

Alcolea presentó un recurso de reposición, que fue desestimado por la Consejería de Interior. Fue entonces cuando la expedientada presentó un recurso judicial para suspender cautelarmente la sanción. En abril de 2019, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona le dio la razón y aceptó la suspensión provisional solicitada, pero la Generalitat interpuso un recurso ante el TSJC para revocar esa decisión judicial.

Control personal y patrimonial de la agente

Las alegaciones presentadas evidencian el exhaustivo control personal al que fue sometida la cabo por parte de sus superiores, quienes pusieron en duda que fuera madre soltera y que tuviera apuros económicos que justificaran la suspensión de las medidas disciplinarias. En concreto, Interior investigó sus tarjetas de crédito, sus facturas, préstamos, su IRPF, un curso de chino realizado, su baja laboral por incapacidad o si su hijo acudía al comedor escolar. Alude la Generalitat a las colaboraciones realizadas por la cabo en determinados programas de radio.

La Sección Cuarta de los Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado la apelación de la Consejería de Interior y, de nuevo, da la razón a la mossa. Considera el tribunal que la “ejecución de la sanción” produce “perjuicios de índole económica y profesional que son de difícil o imposible reparación”, de modo que “no procede la revocación de la suspensión de la medida cautelar, siendo evidente que, si procede, la ejecutividad del recurso, se llevará cabo cuando se esté ante una decisión firme”.

1.000 euros en costas judiciales

Asimismo, el TSJC condena a la Generalitat a pagar las costas judiciales, valoradas en 1.000 euros.

No es la primera vez que la Justicia da la razón a Inma Alcolea. Tal como publicó Crónica Global, el pasado mes de octubre, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona archivó otra sanción impuesta por la Dirección General de la Policía, que acusó a la cabo de injuriar a través de las redes sociales al expresidente Carles Puigdemont. Según el magistrado, los comentarios de Alcolea “no dejan de ser comentarios personales, subjetivos, a modo de opinión crítica” en torno a “una conversación privada con su amiga C., que si bien rayanas a la desconsideración debida, no dejan de ser una crítica, legítima en todo caso, acerca de la posible politización de los mandos (jefes) policiales y la actuación no correcta (en opinión de la recurrente) de determinadas acciones realizadas por mandos”.

Se da la circunstancia de que esta Dirección General es la encargada de investigar la actuación de los mossos contra independentistas radicales tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Según informó la semana pasada el presidente Quim Torra, hay 37 expedientes abiertos. Fue el propio Torra quien encargó esa investigación para congraciarse con la CUP y con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que exigieron medidas contundentes contra la Brimo (Brigada Móvil, los antidisturbios de la policía autonómica). “Nos sancionan por hacer nuestro trabajo”, denunció un miembro de la Brimo a este medio afectado por los expedientes.

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