La justicia obliga a la Generalitat a compensar los recortes en educación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha dictado una sentencia favorable para dos de los 36 ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por el PSC --y que engloban a unos dos millones de habitantes--, que denunciaron a la Generalitat por los recortes en las aportaciones para financiar las guarderías públicas.

Concretamente, el juez ha estimado favorablemente las reclamaciones de las localidades barcelonesas de Cornellà de Llobregat, por un importe total de 2,3 millones, y de L'Hospitalet de Llobregat, en su caso por más de un millón de euros.

Derecho a recibir 1.300 euros por alumno

Ambas sentencias, que aún se pueden recurrir, reconocen "el derecho a percibir 1.300 euros anuales por alumno" correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, así como intereses por el retraso en el pago de una cuantía de 2011 en el caso de Cornellà.

En 2011, en plena crisis económica, el Govern de Artur Mas, con Irene Rigau en la Consejería de Enseñanza, decidió reducir la aportación comprometida de 1.800 euros anuales por alumno de 0 a 3 años, pasando primero a 1.300 euros y después eliminando totalmente de los presupuestos la partida destinada a sufragar parte de los costes de las guarderías públicas.

Municipios socialistas lideran la protesta

Ante esta situación, seis grandes municipios socialistas del área metropolitana de Barcelona decidieron interponer una denuncia contra la administración catalana: Cornellà, L'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí y Terrassa.

Asimismo, una treintena más de localidades de las cuatro provincias catalana, entre las cuales figuran también algunos gobernados por ICV y grupos ecosocialistas, canalizaron una demanda conjunta a través del Foro de Alcaldes y Alcaldesas por la Educación en Cataluña.

Entre esta treintena de municipios están Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, El Prat de Llobregat, Riudarenes y Sant Boi de Llobregat.

Obligación de la Generalitat

Tanto para Cornellà como para L'Hospitalet, la resolución judicial "clarifica" el deber que tiene la administración catalana de cofinanciar las guarderías públicas, de acuerdo con el pacto autonómico al respecto que se firmó en 2005.

Por este motivo, abren la puerta a pedir a la Generalitat compensaciones por los importes no percibidos a partir de 2015 y en adelante, ya que entiende que la sentencia avala que la administración autonómica tiene la obligación de aportar fondos para la educación de 0 a 3 años, y que también la Ley de Educación de Cataluña (LEC) amparan esta posibilidad.