La justicia 'tumba' el fichero de datos personales para la Guardia Urbana

La justicia ha tumbado el fichero de datos personales de la Guardia Urbana pergeñado por el gobierno de Ada Colau en Barcelona. Un juzgado ha dictaminado que el Ayuntamiento de Barcelona no es competente para elaborar un archivo de este tipo, por lo que la resolución de su creación queda anulada.

Según ha informado UGT, que denunció la creación de la lista, el juzgado contencioso administrativo número 13 de Barcelona ha anulado la resolución impugnada. Lo hace, ha agregado el sindicato, admitiendo que el Ejecutivo local "no es competente para la creación del fichero, a la vez que sentencia que este registro no respeta los límites establecidos en varios aspectos". Éstos incluirían la actividad sindical o la negociación colectiva.

Creencias o afiliación sindical

Cabe recordar que el registro propuesto el 23 de febrero por el Ayuntamiento de Barcelona pretendía anotar datos sensibles de la Guardia Urbana. Entre otros, el archivo contendría anotaciones sobre ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud (enfermedades o discapacidades), vida sexual o antecedentes por violencia de género que fueran relevantes durante una investigación.

La oposición municipal rechazó la creación del archivo y Ciudadanos anunció que lo denunciaría ante la Comisión Europea. UGT, por su parte, lo denunció ante un tribunal al entender que un fichero así coartaría la libertad sindical y de negociación colectiva, ambos derechos constitucionales.

"Gestión de sanciones o quejas ciudadanas"

Cabe recordar que la creación del fichero de datos personales de agentes de la Guardia Urbana se justificó por parte del gobierno municipal de Ada Colau como un apoyo en los "procedimientos de información reservada a funcionarios e investigación de hechos constitutivos de infracción disciplinaria o infracción penal, procedimientos sancionadores, los vinculados a la asignación de armamento o registro de sanciones impuestas o quejas ciudadanas y peticiones de otras entidades competentes".

Los sindicatos UGT, CCOO y Sapol comunicaron inmediatamente su malestar a la alcaldesa por la medida. Ahora, la justicia ha anulado la decisión de registrar a los agentes.