Justicia trató de apartar a los abogados del Estado del 1-O

El Ministerio de Justicia trató de apartar a dos abogados del Estado clave en el macroproceso judicial por el referéndum ilegal de independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017 y la fallida declaración unilateral de independencia (DUI) declarada el 27 del mismo mes. El departamento que comanda Dolores Delgado fulminó a dos altos cargos de la Abogacía del Estado muy vinculados a los asuntos del procés catalán de secesión, aunque los restituyó horas después.

Según ha informado El Mundo, la propia ministra comunicó la destitución del responsable de asuntos penales de la Abogacía, Edmundo Bal, y del subdirector general de los Servicios Contenciosos, Luis Gonzaga, en agosto. Coincidió la decisión de la ministra con la demanda de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, hoy prófugo de la justicia en Bélgica, contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En este escenario, se comunicó a los dos juristas que debían cesar de su cargo. Ambos habían jugado papeles importantes en la construcción de las causas contra los líderes independentistas que organizaron el órdago secesionista de 2017 y ambos cuentan con prestigio en la institución.

Horas después, no obstante, Justicia rectificó y les notificó que seguían en sus puestos.

Defensa de Llarena

El Ministerio de Justicia ha preferido no pronunciarse sobre la polémica. Los dos abogados del Estado afectados también han preferido guardar silencio. No obstante, la destitución de los dos altos cargos llegó después de un demoledor informe de la institución que argumentaba que el Gobierno debía defender a Pablo Llarena de las acusaciones de Puigdemont. Según el documento, el Reino de España debía amparar al magistrado instructor de la macrocausa del procés porque estaba en juego "la independencia y soberanía de un órgano jurisdiccional español y del juez al que se le atribuye la potestad jurisdiccional".

En la valoración, el subdirector de Servicios Contenciososo, Luis Gonzaba, argumentaba que si el Gobierno se abstenía en la defensa del juez del Supremo ello "podría afectar a la política exterior" de nuestro país. Los contundentes argumentos colisionaban directamente con el criterio de la ministra Delgado, que se había mostrado a favor de defender a Llarena de forma parcial o incluso de dejarlo a merced del tribunal belga ante el que Puigdemont denunció al letrado.

A las puertas de las acusaciones

La información de que la ministra Dolores Delgado trató de presionar a la Abogacía del Estado en las causas que juzgan el desafío independentista en Cataluña acometido en 2017 llegan a las puertas de que la Fiscalía General del Estado presente sus conclusiones sobre el procedimiento 20907/2017, que juzgará la actuación de los exconsellers del Gobierno catalán en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia posterior, que acabó en agua de borrajas. Sobre la mesa estarán los tipos penales que pide el Ministerio Público, con rebelión en el centro del debate, pues es el que acarrea las penas de prisión más largas.

Previo a ello, el Gobierno ha sugerido que este delito no se ajusta al órdago que intentaron los independentistas catalanes en 2017. Por contra, la Fiscalía se ha negado a la rebaja de penas y ha defendido la "absoluta profesionalidad" de los letrados que han participado en la redacción de los escritos de acusación. Los mismos contemplarán una alta pena de prisión, superior a 20 años, para Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Govern, ya que se le considera el cabecilla del procés. El resto de exconsejeros también serían acusados de rebelión, aunque las peticiones de reclusión serían menores.