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Eduard Pujol, exportavoz de JxCat en el Parlament / EFE

Un juez dice que Junts vulneró los derechos de Eduard Pujol al apartarlo por unas denuncias "falsas"

La concejal que denunció al político por un supuesto episodio de acoso sexual ahora se enfrenta a un delito de injurias y calumnias

6 min

JxCat “vulneró todas las reglas del derecho a la defensa” del exdiputado Eduard Pujol, quien fue apartado tras unas denuncias de acoso sexual que el partido no comprobó y que resultaron ser “falsas”. Así lo asegura el juez de Barcelona que ha enviado a juicio a Noemí Ll., la concejal que denunció al político por un supuesto episodio de acoso y que ahora se enfrenta a un delito de injurias y calumnias. Ambos habían mantenido una relación sentimental. 

Según explica El País, Pujol ha sufrido “un grave perjuicio económico, social y político” por esta “acusación calumniosa” y por la “fulminante actuación de los gestores de Junts”, que apartaron al político "sin la más mínima constatación de la veracidad de las acusaciones”. 

Fin de su carrera política

El titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera que el partido ha “causado un daño irreparable al afectado” al haber vulnerado el derecho a la defensa. En el caso de Pujol, eso se tradujo en el fin de su carrera política y en la “pérdida de oportunidades laborales”. 

Laura Borràs y Eduard Pujol, dirigentes de Junts per Catalunya / CG
Laura Borràs y Eduard Pujol, dirigentes de Junts per Catalunya / CG

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando la concejal de Pineda de Mar contactó con dirigentes de Junts junto a otra mujer, Eva R., con la que Pujol también había mantenido una relación afectiva. Ambas afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual. Unos hechos que éste negó, aunque renunció a su cargo como portavoz en el Parlament y entregó su acta de diputado. Ocho meses después, ante la ausencia de denuncias formales, el partido rehabilitó al político y le devolvió el carnet de militante. 

A un paso del banquillo de los acusados

Las presuntas víctimas nunca denunciaron, pero Pujol buscó amparo de la justicia y las denunció. Ahora, ambas están a un paso del banquillo de los acusados. Según avanza ese medio, los mensajes de WhatsApp de Pujol --que ha aportado al juzgado-- evidencian que existía entre ellos “una relación íntima y de carácter sexual que fue consentida”. En su declaración como investigada, la concejal admitió que mantuvieron un único encuentro sexual y que, cuando Pujol dejó de llamarla, ella quiso “tener una relación seria” que no fue posible. 

La diputada de Junts per Catalunya, Aurora Madaula / EUROPA PRESS
La diputada de Junts per Catalunya, Aurora Madaula / EUROPA PRESS

La investigación también se ha apoyado en la declaración de dos testigos. Uno de ellos por parte de la directora del Institut Català de les Dones, que contó que la concejal fue a verla para explicarle el supuesto episodio de acoso. Sin embargo, al leer los mensajes, comprobó que se trataba de “una relación sexual entre adultos, un coqueteo mutuo”.  Al no recibir el apoyo esperado, la regidora trasladó los hechos a la cúpula de los neoconvergentes, entre ellos al secretario de la organización, David Sandoni, quien lo comunicó a la responsable de feminismo, Aurora Madaula. La negativa del juez a tomar declaración a Madaula provocó un recurso de la defensa, que ha sido rechazado. 

"Presión, amedrantamiento y difamación"

En el caso de Eva R., el exdiputado probó que la relación era consentida y que era ella quien lo acosaba en las redes sociales, chantajeándolo con divulgar fotografías íntimas. Según el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, la mujer “aprovechó la condición de diputado” para someterlo a “presión, amedrantamiento y difamación”. 

Ambos habían mantenido una relación a través de las redes sociales durante el verano de 2018, cuando Pujol estaba en proceso de separación. Cuando quiso poner fin a la relación, la mujer empezó a presionarlo para “lograr nuevos encuentros”. Ahora, irá a juicio por injurias y amenazas. Además, ha sido requerida por el juzgado para entregar una fianza de 92.278 euros. Una medida cautelar poco habitual en este tipo de procesos que pretende “garantizar las responsabilidades económicas” en caso de condena. Si no aporta la fianza, el juez embargará bienes hasta cubrir esa cantidad, según añade ese medio.