Junts rompe la tregua con ERC a la espera de si Borràs es inhabilitada

“Previsible”. Las actuaciones partidistas y precongresuales de Junts per Catalunya (JxCat) han provocado que su plante a la reforma de la Ley de Política Lingüística no haya causado demasiada sorpresa en los grupos parlamentarios. Tampoco en sus socios de gobierno, ERC, a pesar de la indignación demostrada ayer por su portavoz en el Parlament, Marta Vilalta. La Cámara catalana se ha convertido en el escenario principal de la pugna entre estos rivales independentistas desde que Laura Borràs (JxCat) se convirtió en su presidenta. En el Govern, los roces se mantienen. Pero es en el Parlament donde los duros de JxCat, los que acaban de aceptar un pacto con la old CDC que representa Jordi Turull, extreman sus desafíos apoyados por un grupo parlamentario fiel a Carles Puigdemont y a Borràs.

JxCat y ERC mantenían una tregua desde que el caso Juvillà fue utilizado por Borràs para poner contra las cuerdas a los republicanos, aunque sus amagos de desobediencia se convirtieron en un efecto bumerán. Errores de bulto en la respuesta judicial a la inhabilitación del diputado de la CUP Pau Juvillà dejaron en evidencia las bravatas de la futura presidenta de JxCat, que se vio obligada a acatar las resoluciones judiciales. Los antisistema se lo echaron en cara.

Calma tensa

Una calma tensa se había instalado en las relaciones entre las dos formaciones independentistas, a la espera de que se resolviera la situación judicial de Borràs, investigada por cuatro supuestos delitos de corrupción por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. La posible inhabilitación de la dirigente neoconvergente supondrá un nuevo órdago para ERC. Como lo fue en su momento la inhabilitación de Quim Torra para el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent. Desobediencia o cumplimiento de las resoluciones judiciales: esta es la encrucijada a la que Junts somete de nuevo a los republicanos, quienes hasta ahora se han mantenido en el cauce legal para evitar errores pasados.

Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la ley de política lingüística

Sin embargo, esa tregua ha saltado, tras la decisión de Junts de desmarcarse de la reforma de la Ley de Política Lingüística que, el pasado mes de marzo, pactó con ERC, En Comú Podem y PSC. Hay fotos ante la escalera noble del Parlament que dan fe de ese amplio acuerdo a cuatro bandas, “histórico” según los republicanos, con el que se quería dar respuesta a la sentencia que fija en un 25% el horario lectivo en castellano que se ha de impartir en las escuelas. Un acuerdo que mantiene el catalán como lengua vehicular, pero que también reconoce el uso del castellano y da libertad a los centros educativos para que adapten sus proyectos a su realidad sociolingüística.

El portavoz de JxCat, Josep Rius, aseguró ayer que esa reforma no sirve para evitar la imposición de cuotas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo dijo cuando el acuerdo que ahora rechazan no se ha aplicado todavía. Un acuerdo que podría salir adelante sin el voto de JxCat, pues ERC, comuns y PSC suman. Pero los republicanos no se atreven a romper definitivamente con sus socios. Ni en este tema y mucho menos en el Gobierno, a pesar de las repetidas deslealtades demostradas de forma directa --ausencia de la mesa de diálogo-- o indirecta --marcaje de Carles Puigdemont mediante un gobierno fake--. Los republicanos evitan confirmar que optarán a la política de hechos consumados, aprobando una reforma lingüística sin JxCat, pues no renuncian a mantener a este partido a su lado.