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La diputada de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs / EFE

Junts y PDECat chocan en el Congreso por la duración del estado de alarma

Laura Borràs firma una proposición para que la prórroga no se extienda más allá de dos meses, mientras que Ferran Bel fija como fecha máxima el próximo 9 de marzo

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Junts per Catalunya y PDECat han vuelto a escenificar su división en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el debate que ha separado a ambas formaciones, que comparten grupo parlamentario, ha sido la duración de la prórroga del estado de alarma.

Mientras la portavoz de JxCat, Laura Borràs, se ha mostrado partidaria de que dure dos meses, el diputado Ferran Bel (PDECat) ha abogado porque se mantenga durante seis meses.

Dos propuestas distintas

Borràs, partidaria de la nueva marca liderada por el expresident Carles Puidemont, ha firmado una propuesta de resolución para que el estado de alarma no supere los dos meses como máximo. Por su parte, Bel ha suscrito otra en que se fija el 9 de marzo de 2021 como fecha límite de la medida.

Borràs y Bel tampoco se han puesto de acuerdo en el calendario de comparecencias del presidente del Gobierno. Mientras JxCat exige que Pedro Sánchez rinda cuentas de forma continuada, el PDECat se contenta con que el presidente dé explicaciones cada dos meses. Ambas propuestas se votarán este jueves en el pleno de la Cámara, tras las intervenciones del ministro de Sanidad y del resto de grupos parlamentarios.

Medidas económicas de choque

Con todo, ambos representantes han coincidido en reclamar iniciativas económicas de urgencia para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. El diputado por Tarragona apela a que en el plazo máximo de dos meses el Gobierno proceda a prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas para la protección del empleo y el trabajo autónomo. Además, ha pedido un plan de choque para el mantenimiento del tejido productivo.

Por su parte, Borràs demanda propuestas relativas a flexibilizar los regímenes fiscales durante la duración del estado de alarma y el mantenimiento de los ERTE "por motivos de fuerza mayor". Otra de sus propuestas concede a las comunidades autónomas que lo soliciten la delegación de competencias en materia laboral y la reducción voluntaria de la jornada laboral para cuidar de personas dependientes.