La Junta Electoral le da 12 horas a Colau para retirar el lazo amarillo del Ayuntamiento

La Junta Electoral de la zona de Baarcelona ha ordenado este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que retire en un plazo de 12 horas la enorme pancarta con el lazo amarillo que pende del balcón del Ayuntamiento de Barcelona. En su resolución, la Junta explica que, tras analizar este caso concreto, entiende que "la colocación de lazos amarillos en el mobiliario público, así como otros símbolos o pancartas, estelades, etc. es un acto que vulnera flagrantemente la neutralidad del Ayuntamiento de Barcelona" ya que "dichos símbolos exteriorizan la ideología de determinados partidos y personas que concurren a las elecciones". 

La resolución de la Junta llega como respuesta a la denuncia formulada por el presidente del grupo del Partido Popular y concejal Alberto Fernández Díaz. El líder de los populares en el consistorio señaló que el lazo amarillo que cuelga del ayuntamiento "ya era contrario a la obligada neutralidad de las instituciones públicas", pero ahora, "tras convocarse las elecciones generales, también es contrario a la Ley Electoral (LOREG)”.

12 horas para retirar el lazo

Colau dispone de pocas horas para retirar la propaganda independentista del consistorio. En concreto, la Junta ordena a la alcaldesa a que "proceda a retirar los símbolos denunciados a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de 12 horas desde la notificación". 

La resolución llega poco después de que un grupo de quitalazos --personas que se dedican a retirar de forma organizada la propaganda secesionista del espacio público-- retirara por la fuerza el lazo amarillo del ayuntamiento de la capital catalana. Dos agentes de la Guardia Urbana trataron de impedir (sin éxito) la acción, aunque consiguieron recuperar la pancarta que había sido retirada. 

Hasta ahora, Ada Colau se ha negado a retirar este símbolo político de la fachada del consistorio. Frente a las peticiones de Ciudadanos, PSC y PP, el gobierno municipal siempre se ha opuesto alegando el derecho fundamental a la "libertad de expresión".