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Concentración en apoyo a Oriol Junqueras ante el ayuntamiento de su ciudad, Sant Vicenç dels Horts, el 10 de febrero / EFE

Junqueras pide su libertad al Constitucional

El exvicepresidente del Govern alega que la DUI no tuvo valor jurídico sino que era una “voluntad política”

14.02.2018 13:51 h.
3 min

Oriol Junqueras ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pide su libertad. El exvicepresidente del Govern solicita anular los autos del Tribunal Supremo que decretaron su ingreso en prisión provisional sin fianza el 2 de noviembre. Para ello, alega que se le castiga por su ideología.

El escrito que ha presentado su abogado, Andreu Van den Eynde, destaca que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue fruto de la “legítima libertad de expresión de unos diputados que conformaban una amplia mayoría parlamentaria y que expresaban una voluntad política cuya eficacia se incardinaba en procedimientos parlamentarios independientes, basados en el debate político, y sin otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad de expresión”.

Así, Junqueras reconoce que la DUI no tuvo ningún valor jurídico. Su defensa insta a que se tramite su petición de excarcelación de forma “urgente” con tal de evitar “daños irreparables”. En este sentido, considera que la permanencia en la cárcel vulnera sus derechos como diputado porque implica una “incapacitación legal” sin precedentes.

Sin violencia

Además, el letrado del líder de ERC afirma que no se pueden imputar los delitos de rebelión ni de sedición a su cliente porque el procés ha sido siempre pacífico. En esta idea de la no violencia también ha insistido este miércoles la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que ha declarado ante el juez Pablo Llarena, imputada por su presunta participación en el proceso de independencia catalán.

Junqueras también recuerda en su petición al TC que el propio Constitucional ha sentenciado que la libertad de expresión vale también para difundir ideas u opiniones que “contrarían, chocan o inquietan al Estado”. Llarena decidió mantener al exvicepresidente en prisión al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva.