Todo es posible, dice Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana. Pero siempre en el marco del Estado de Derecho. "Sin respeto a la ley, no hay democracia", advierte el promotor de la plataforma Llibertats, impulsora de un manifiesto "El derecho, al servicio de las libertades". La presentación de esta declaración de principios logró reunir en un mismo acto a Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Enric Millo (PP).
Asistieron a la presentación representantes políticos para apoyar el manifiesto, como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
-Doscientos juristas dan un paso al frente en contra del proceso independentista. No es frecuente que un colectivo profesional lo haga de forma tan masiva.
-Más que rechazo, nuestro planteamiento es que no estamos en contra de nada, porque somos juristas y sabemos que todo es posible, que las leyes pueden cambiarse, pero dentro del marco de la democracia. No estamos ni siquiera en contra de la independencia y del procés. Simplemente decimos que hay que respetar el Estado de Derecho, que tiene mecanismos para cambiar las leyes y la Constitución. Sin respeto a la ley, no hay democracia. Cualquier otra forma de actuación no es democrática.
No estamos contra de la independencia y del 'procés'. Simplemente decimos que hay que respetar el Estado de Derecho, que tiene mecanismos para cambiar las leyes y la Constitución
-Defienden el rigor jurídico, consustancial a la tradición catalana…
-Queremos volver al rigor jurídico que se ha perdido en Cataluña, tierra de juristas. Una parte de los grandes juristas que ha habido en el Estado español es de origen catalán. El rigor, en la interpretación y aplicación de las leyes, siempre había sido parte de nuestro ordenamiento jurídico.
-Tras la presentación de su manifiesto, surgió otra plataforma de juristas a favor del derecho a decidir, ¿qué opina?
-Ese manifiesto podríamos suscribirlo, excepto por una cosa. Piden un referéndum con respeto a las leyes, pero cuestiono cuando dicen que “si nos dicen que no, deberemos explorar otras vías”. La democracia no permite explorar “otras vías”. ¿Y cuáles son esas vías? ¿La violencia? ¿Los hechos? La única vía posible es la ley y si ésta no lo permite, se insta democráticamente a cambiarla.
-...¿una reforma de la Constitución?
-Una reforma de la Constitución, de las leyes o del Estatut. Conviene subrayar que la reforma del Estatut, que regula las instituciones y las relaciones económica y sociales de los catalanes, requiere de una mayoría reforzada, pero para declara la independencia, parece que con una mayoría simple es suficiente. Yo recomendaría que se leyera la sentencia del Tribunal Constitucional de Canadá sobre el referéndum del Quebec, según la cual, para tomar una decisión de este tipo, se necesitan mayorías cualificadas porque estamos decidiendo el futuro de toda una sociedad. Igual que la reforma de los derechos y libertades de los españoles que contempla la Constitución, requiere una mayoría reforzada.
-El Gobierno catalán está rodeado de una amplia plantilla de asesores jurídicos. ¿En qué situación cree que se encuentran?
-El grupo de juristas que asesora a la Generalitat también advierte de la ilegalidad que están cometiendo. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hizo un informe advirtiendo de ello. Los letrados del Parlamento catalán están continuamente advirtiendo de las ilegalidades cometidas. Un jurista que se precie nunca puede defender vulnerar la ley dentro de un Estado de Derecho. Otra cosa son las dictaduras y no cabe duda de que España es un Estado de Derecho, con todos sus problemas, pero lo es.
-¿Le vale el argumento de que existe una mayoría parlamentaria a favor de un referéndum?
-La historia nos ha dado muchos ejemplos de mayorías parlamentarias que nos han llevado al desastre. Salirse de los márgenes que establece la ley por un supuesto mandato del pueblo recuerda cosas muy peligrosas.
-¿Cómo acabará el 'procés'?
-Pues yo creo que acabará con una convocatoria de elecciones. Aunque no sepamos cómo salir de este bucle.
-Previamente se asegura que habrá una convocatoria de referéndum, aunque no se celebre. Si es así ¿también es punible?
-La convocatoria de un referéndum solo atribuye responsabilidad penal al presidente del Gobierno catalán y al consejero responsable. Las deliberaciones de los consejos de ministros y del Consejo Ejecutivo son secretas, de forma que un juez no puede saber si un consejero ha votado a favor o en contra. Las resoluciones son las que tienen eficacia jurídica, no el voto. Penalmente, según el principio de intervención mínima del Derecho Penal y el de causalidad, es la firma del presidente y del consejero responsable, en este caso de Gobernación, la que tiene relevancia penal. Las otras firmas tendrían una relevancia mediática porque, estén o no estén, no modifica en nada el resultado del hecho punible, que es la desobediencia.
-Junqueras entonces no sería responsable penalmente y podría ser candidato…
-Ahora mismo, la responsabilidad sería solo de PDECat, partido al que pertenecen el presidente, Carles Puigdemont, y la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs. Si lo que pretenden es que haya una corresponsabilidad de los dos grupos que forman Junts pel Sí, PDECat y ERC, es relativamente fácil: se modifica el decreto 2/2016 de 13 de enero (de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat), que establece que la responsabilidad de los procesos electorales compete al consejero de Gobernación, y determinar que la convocatoria también compete al vicepresidente, Oriol Junqueras.
-Dicho de otra manera, PDECat tendría que impulsar una reforma del decreto para que ERC también asuma un riesgo de inhabilitación.
-Es el Consejo Ejecutivo el que debe aprobarlo, no es nada extraordinario, se hace cada vez que se cambian las competencias de una consejería.
-Este miércoles se vota en el Parlamento catalán la reforma del reglamento de esta Cámara para propiciar una ley de desconexión exprés y reducir el debate parlamentario. ¿Qué le parece?
-Es curioso que quien alega el carácter democrático del procés utilice herramientas con un déficit de democracia. Cualquier intento de modificar el reglamento del Parlamento catalán para una cuestión ad hoc y para evitar que otros partidos, también elegidos por el pueblo catalán, puedan participar en el debate de unas leyes, no es democrático. Se alega que otros parlamentos han hecho reformas parecidas, pero se ha hecho cuando hay consenso de todos los partidos, no solo de dos como en este caso.
-Resulta didáctico oírle hablar de estos asuntos jurídicos. ¿Cree que le ha faltado pedagogía al Gobierno español en el 'procés'?
-No solo el Gobierno, tampoco los juristas hemos salido a la palestra hasta que nos hemos dado cuenta. Somos corresponsables.
El Gobierno, los juristas, todos hemos reaccionado tarde. Hemos tardado porque creíamos que tarde o temprano se solucionaría. No nos hemos explicado bien
-¿Llegan tarde?
-Efectivamente, creo que todos hemos reaccionado tarde. Hemos tardado porque creíamos que tarde o temprano se solucionaría. No nos hemos explicado bien. Incluso la sentencia sobre el Estatuto catalán, que según dicen es el arranque de todos los males, no se ha explicado bien.
-¿En qué sentido?
-Las tensiones internas del Tribunal Constitucional (TC) y la tardanza en dictar la sentencia no ayudaron. Pero no se ha explicado que el Consejo Consultivo –el actual CGE— dijo que eran inconstitucionales los mismos artículos que después anuló el TC. Tampoco se ha explicado que la supresión durante el Gobierno de Felipe González del recurso previo de inconstitucionalidad provocó que el TC viera el recurso con posterioridad al referéndum. Resulta complejo que el TC recorte algo que ha votado el pueblo catalán.
Puigdemont defiende aquí la integración de los refugiados y luego se sienta con un congresista americano favorable al muro
-Usted fue uno de los cuatro decanos de colegios de abogados de Cataluña que se negó a firmar el Pacto por el Derecho a Decidir. ¿Sufrió presiones?
-Tuvimos una presión tremenda para que todos los colegios firmáramos el pacto. Mientras la colegiación sea obligatoria, el Colegio no puede decantarse por una posición política, sino amparar a todos. En ese sentido iba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando anuló esa adscripción al pacto.
-He leído un artículo suyo titulado 'Vergüenza', muy duro con Puigdemont.
-Puede resultar visceral, pero me sentí avergonzado de que Puigdemont comparara la democracia que le permite a él ser presidente con la turca, con lo que está pasando en ese país, donde están bajando las inversiones extranjeras. Que por conseguir una foto se siente junto a un congresista americano ideológicamente situado a las antípodas de él. Puigdemont defiende aquí la integración de los refugiados y luego se sienta con un congresista favorable al muro. Solo para conseguir la foto. Pues no todo vale.
