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Oriol Junqueras, durante su intervención tras celebrarse la reunión del consejo nacional de ERC / EFE

Junqueras insiste en restar importancia a la fuga de empresas por el ‘procés’

La consejería de Economía afirma que la decisión de un cambio de domicilio social tiene “un impacto más psicológico que real” y que la banca lo ha hecho para presionar al Govern

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La vicepresidencia de Economía y Hacienda catalana, encabezada por Oriol Junqueras, minimiza los efectos de la fuga de empresas que se ha iniciado en Cataluña por la inseguridad jurídica ante una posible declaración unilateral de independencia (DUI). En un documento del departamento, se suscribe que “el traslado de sedes que se ha anunciado tiene un impacto más psicológico que real”.

El primer argumento que se usa es que el traslado “no implica necesariamente el cambio de domicilio fiscal” y que los clientes de compañías como el Grupo Planeta, Abertis, Dogi, MRW o eDreams no notarán ninguna diferencia en sus operaciones y relaciones con estas firmas.

Mensaje más político que económico

Mantiene que es un movimiento sin “efectos reales sobre la actividad, las cuentas públicas ni sobre los clientes de las empresas”. La Generalitat lo considera una “operación preventiva, de comunicación y mensaje político”.

La conclusión que expone en el informe es que los movimientos mercantiles “no afectan al PIB” catalán. Incluso defiende que calcular los efectos sobre la economía con una resta a partir del resultado bruto de las empresas que han llevado la sede social fuera de Cataluña es incorrecto.

Lo rebate con la metodología de contabilidad europea, el llamado sistema SEC 2010, que reconocería el cálculo de la actividad a partir de los centros donde se desarrolla la actividad y no donde se ha instaurado el domicilio. Sin hacer ninguna mención al traslado de las sedes fiscales.

Recaudación limitada de la Hacienda catalana

El departamento señala que el coste del cambio legal es muy bajo y que las compañías que han dado el paso “no pagan prácticamente ningún impuesto a la Generalitat”. Recuerda que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) se limita prácticamente a recaudar las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados de las operaciones societarias que se ejecuten, gravámenes que sí van unidos a las sedes sociales.

En cuanto a las cuentas públicas, manifiesta que el impuesto de sociedades se paga “en el país donde se obtienen los beneficios”; el IRPF “según la residencia de los contribuyentes”, y el tributo de actividades económicas locales “en el municipio donde se realiza la actividad, no donde está la sede social”.  

Fondos garantizados por España

En cuanto a la huida de la banca de Cataluña, Junqueras reconoce que se busca “evitar fugas de depósitos no catalanes, tranquilizar a los accionistas y garantizar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español”. Aunque apostilla que los movimientos de Caixabank, Banco Sabadell, Mediolanum, Arquia y Degroof podrían responder a un “deseo para ejercer presión política sobre el Govern”.

En este sentido, indica que mientras no exista un acuerdo claro sobre la secesión “las obligaciones respeto al FGD continúan siendo del Reino de España”.

La vicepresidencia de Economía proyecta una institución catalana para cubrir los 100.000 euros por depositante y entidad financiera en una eventual república catalana, pero manifiesta que su puesta en marcha se daría en una segunda instancia. Primero se debe proclamar, pero una “declaración de independencia no implica inmediatamente la creación de una Cataluña independiente ni su continuidad o exclusión de la UE”.

Atracción de nuevas empresas

Por otro lado, el documento de la conselleria liderada por Junqueras afirma que la Generalitat trabajará para que la decisión de trasladar los domicilios sociales sea lo más temporal posible e indica que intentará atraer a nuevas compañías.