El juicio por la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O arrancará el 18 de diciembre. El macroproceso por la organización de la consulta ilícita del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) del mismo mes se iniciará con una primera vista en el Tribunal Supremo denominada de artículos de previo pronunciamiento, equivalente a las cuestiones previas, en la que las defensas de los investigados en la causa contra los líderes del procés en Cataluña alegarán la falta de competencia del alto tribunal para juzgarlos.
La Sala Segunda de lo Penal del Supremo ha fijado la sesión para el próximo martes 18 de diciembre. La vista, en la que el tribunal debatirá si es competente o no para juzgar a los independentistas investigados por organizar y orquestar el órdago secesionista de 2017 en Cataluña, es el prólogo del propio juicio contra los 18 exconsejeros y dirigentes secesionistas acusados rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. Para empezar, el alto tribunal ha rechazado dar más información a las defensas para su incidente competencial, ya que que "se da por informado" que las defensas argumentan que "no es competente" para juzgar a los investigados.
Sin traslado a Madrid
Al ser un trámite inicial, los exconsejeros del Gobierno catalán que están en prisión preventiva en las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona) no deberán comparecer y, por lo tanto, no serán trasladados a prisiones en la Comunidad de Madrid. En otras palabras, los nueve procesados por la organización del 1-O y la DUI, los exconsellers del Govern Oriol Junqueras; Joaquim Forn; Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, el exresponsable de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pasarán la Navidad en las penitenciarías catalanas.
Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Govern (d), llegando al Tribunal Supremo a declarar / EFE
Antes, el jueves, las defensas de los investigados en prisión preventiva y en libertad con medidas cautelares argumentarán ante el TS que la instancia judicial competente para juzgar los supuestos tipos penales es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El procedimiento es similar al que siguió el incidente procesal presentado por la defensa de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, cuando recaló en el Supremo la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament. En aquel momento, el tribunal que preside Manuel Marchena --a quien los independentistas trataron de apartar, sin éxito-- rechazó la petición, ya que consideró que parte de los hechos supuestamente constitutivos de delito habían ocurrido fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Juicio, en enero
Pese al inicio de las cuestiones previas la próxima semana, el Supremo sigue manteniendo que las declaraciones de los investigados --nueva figura de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC)-- se producirán a finales de enero o febrero, la primera fecha citada para el arranque del macroproceso. Será en aquellas momento en el que los nueve independentistas que están en prisión preventiva a la espera de juicio serán acercados a penitenciarías cercanas a la sede del Supremo en Madrid para facilitar los desplazamientos. Antes de ello, habrá otro trámite previo: la presentación de los escritos de calificación de las defensas diez días después de las cuestiones previas.
Ya se conoce que los letrados pedirán la libre absolución de los dirigentes independentistas por organizar y supervisar el referéndum del 1-O, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional, y por declarar la independencia unilateral en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre del pasado año.
La petición de las defensas dista, y mucho, de las calificaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El ministerio público solicita 25 años de privación de libertad para Oriol Junqueras; 17 para Cuixart, Sànchez y Forcadell y 16 para Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Por su parte, los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs encajan una petición de 7 años de prisión por presunta malversación, mientras que la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, se enfrenta a una pena de multa e inhabilitación, igual que los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas; Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Por su parte, Fiscalía pide ocho meses de multa e inhabilitación de un año y ocho meses para Joan Josep Nuet. Las peticiones fiscales son
