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Pasqual Maragall promovió un Estatut que no pudo controlar, siempre con la idea de que España asumiera su realidad plurinacional.

Juzgan la presunta corrupción del Govern Pujol en Adigsa

El expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall destapó el caso al eludir al 3% en el Parlament

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“Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%”. Con estas palabras del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall a Artur Mas en el Parlament se destapó la presunta corrupción del Govern Pujol en Adigsa. Fue en 2005, y la Fiscalía abrió una investigación a raíz de esta insinuación de que Convergència i Unió cobraba mordidas del 3%.

Doce años después de que empezara la investigación, el caso llega este martes a juicio. El Ministerio Público pide entre año y medio y 10 años de cárcel para siete empresarios y excargos de Adigsa, la empresa de vivienda de la Generalitat, por las presuntas adjudicaciones de obras.

Ferran Falcó, exculpado

La causa imputó al entonces presidente de la empresa pública y exdiputado de CiU Ferran Falcó, hasta que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols​ lo exculpó en 2013, al entender que no estaba al corriente de las mordidas.

Poco después, Mas fichó a Bassols --a su vez casada con Josep Manel Bassols, ex jefe de campaña de Puigdemont en Girona e implicado en el caso del 3%-- como responsable de política de transparencia del Govern. Falcó es desde enero de 2016 secretario general de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

Imputados

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el exconsejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila; nueve años y medio para Jordi Huguet, exgerente de la empresa pública, y para Jordi Sala, el antiguo encargado del mercado secundario de Adigsa.

La pena solicitada para el intermediario José María Penin es de cinco años, mientras que Ángel Egido y Jordi Honrubia, dos de los empresarios adjudicatarios de las obras, se enfrentan a condenas de hasta cinco años de prisión. El arrepentido José Antonio Salguero, que denunció el caso después de que la empresa dejara de pagarle, se enfrenta a un año y medio.