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Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana, junto a un agente de la Guardia Civil / EFE

Prisión incondicional para Eduardo Zaplana

Tras la petición de la Fiscalía, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dictado esta medida para el exministro del PP

24.05.2018 17:52 h.
3 min

La juez que investiga la Operación Erial ha decretado este jueves prisión incondicional sin fianza para Eduardo Zaplana, de 62 años. El expresident de la Generalitat valenciana y ministro de Trabajo con José María Aznar ha pasado a disposición judicial tras ser interrogado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fue detenido el martes e ingresará en la prisión de Picassent.

Pese a que la defensa ha pedido su libertad, la juez ha aceptado la petición formal de la Fiscalía de decretar prisión incondicional para el exdirigente del PP. Previamente, ha declarado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a seis personas más por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

Los Cotino

Por su parte, para los empresarios José y Vicente Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino, la jueza ha acordado libertad con cargos y obligación de comparecencia semanal en el juzgado.

Los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar ante la instructora, en un caso sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones. Tampoco lo han hecho ante la Guardia Civil, ni ellos ni las personas citadas como investigadas, entre ellas, Juan Cotino; Juan Francisco García, ex jefe de gabinete de la Presidencia de Zaplana en la Generalitat; Joaquín Barceló, antiguo alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo, y su mujer, Felisa López; y Francisco Grau, asesor fiscal.

Diez millones

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat valenciana.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

 

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