Un agente de la Guardia Civil, ante una furgoneta de Unipost en el registro de diciembre / EFE

Un agente de la Guardia Civil, ante una furgoneta de Unipost en el registro de diciembre / EFE

Política

El juez busca cinco pagos de la Generalitat a Unipost por el 1-O

El magistrado de la sala de Instrucción número 13 de Barcelona cree que cinco 'consellerías' podrían haber abonado un millón a la firma de mensajería

21 febrero, 2018 21:25

El juez busca cinco transferencias de dinero de la Generalitat de Cataluña a Unipost. El magistrado de la sala de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la preparación del referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre del año pasado, cree que cinco 'consellerías' podrían haber pagado hasta un millón a la firma de mensajería por la distribución de tarjetas censales de la conculta ilícita.

El juez ha pedido a Caixabank que le informe del origen de los traspasos de dinero. También ha requerido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe fiscal y económico de las facturas que giró Unipost al Govern autonómico, con la sospecha de que podrían constituir un delito de malversación

Cerca de 200.000 euros

Los movimientos sospechosos bajo la lupa de la justicia son pagos abonados desde la vicepresidencia de Economía, que dirigía Oriol Junqueras; Presidencia (Jordi Turull); Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Dolors Bassa); Salud (Toni Comín) y Cultura (Lluís Puig Gordi). Se habrían podido hacer desde el 1 de septiembre de 2017 y totalizarían cerca de 200.000 euros cada uno.

El juez ha enviado un oficio a Caixabank para que identifique la "cuenta o cuentas de origen" a un depósito a nombre de Unipost en el que la firma de mensajería podría haber recibido los fondos.

Registros y detención

Cabe recordar que Unipost fue una de las empresas registradas en septiembre en el marco de las pesquisas de la Guardia Civil sobre los preparativos de la consulta ilegal en Cataluña. El instituto armado peinó las oficinas del grupo en Terrassa (Barcelona) el 19 de septiembre, incautándose de las tarjetas censales y notificaciones a los miembros de las mesas de la cita electoral prohibida por el Tribunal Constitucional (TC).

Después, en diciembre, la Benemérita volvió a un almacén de la empresa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Allí detuvo al director general de la enseña, Pau Raventós durante unas horas.