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Carme Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament durante la lectura de su mensaje institucional / EFE

La juez que envío a la policía el 1-O renuncia juzgar a la Mesa del Parlament de Forcadell

Los encausados están acusados de desobediencia grave por haber permitido el debate y la votación de las llamadas 'leyes de desconexión'

22.02.2019 19:39 h.
3 min

Mercedes Armas se autoexcluye del tribunal la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigará a los compañeros de Carme Forcadell en la mesa del Parlament. La magistrada, que es la responsable de ordenar la actuación de los cuerpos policiales en el 1-O, será sustituida por el juez Jordi Seguí.

La magistrada había citado a declarar a Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa de Catalunya Sí Que Es Pot, aunque la Fiscalía no lo había incluido en la querella inicial de este procedimiento. Conjuntamente con el político de los comunes, se sentarán los exdiputados convergentes Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet; y la representante de la mesa por ERC, Anna Simó.

Acusación

Los acusados están investigados por desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional. Estas resoluciones obligaban a impedir cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral.

La desobediencia se sustentaría en la declaración aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015. La parte más importante fueron las votaciones de las llamadas ‘leyes de desconexión’, que pretendían dar cobertura jurídica al 1-O y a una hipotética Cataluña independiente. Estas se votaron entre duras acusaciones de la oposición, que acusaron a la mayoría parlamentaria independentista de violar sus derechos.

Imputación de la CUP

Mireia Boya también será juzgada por desobediencia grave en la sala del TSJC. El Tribunal Supremo acordó remitir la causa al tribunal catalán y evitar que fuera juzgada con los encausados que están siendo interrogados estos días en el alto tribunal.

Boya dijo no reconocer la desobediencia en un enfrentamiento que tuyo con el juez Llarena cuando declaró en el Supremo en mayo de 2018. Lo acusó de “parcialidad” y dijo que no tenía ningún sentido que ella, que “entraba iniciativas parlamentarias” estuviera procesada por desobediencia y la presidenta del Parlament lo estuviera por rebelión.