Un juez pide investigar si la Generalitat prevaricó con la falta de vacunación a la Policía

El retraso en la vacunación de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña llega a la justicia. El juzgado de instrucción 17 de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia presentada por sindicatos policiales para investigar si la Generalitat prevaricó al no inmunizar a estas dos fuerzas de seguridad del Estado en el mismo porcentaje que a los Mossos d'Esquadra y las policías locales hasta que se lo ordenó la justicia el pasado abril.

El auto del juez acuerda incoar diligencias previas tras la denuncia contra la Generalitat interpuesta por el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.

Mossos y fiscalía

El magistrado ha encargado a los Mossos que abran una investigación y remite la denuncia a la Fiscalía para que solicite las diligencias que crea oportunas para determinar si la Generalitat incurrió en algún delito.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Generalitat el pasado 27 de abril que "sin excusa alguna" garantizara "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña para que alcanzaran en diez días la misma proporción que en los Mossos. Una orden que el Govern cumplió, acatándola a regañadientes, tal y como evidenciaron las quejas de dirigentes como la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, o su actual sucesor en el cargo, el por aquellas fechas secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, quien negó haber cometido discriminación de ningún tipo.

"Apariencia de discriminación"

El alto tribunal catalán, sin embargo, apreció una "apariencia de discriminación" hacia los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el proceso de vacunación contra el coronavirus en Cataluña.

Así, según el TSJC, los datos aportados por la Generalitat en este proceso resultaban "elocuentes", pues la propia Consejería de Salud detallaba que el 22 de abril estaban vacunados en Cataluña el 80,3% de los Mossos, el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona, el 71,2% de las policías locales, mientras que en el caso de la Policía Nacional ese porcentaje apenas llegaba al 9,9%, y en el de la Guardia Civil, al 6,3%. Pese a ello, la Generalitat se escudó en el parón de la inmunización impuesto por el Gobierno por los casos de trombos detectados con las vacunas de AstraZeneca, utilizadas entonces para el personal esencial.

La Fiscalía Superior de Cataluña había instado al TSJC a ordenar la reanudación de la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad, al considerar que sufrían una "clara e injustificada situación de discriminación" respecto a los Mossos.

Quejas de Argimon, Vergés y Puigdemont

La orden judicial de vacunar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la misma proporción que a los Mossos fue acogida con indignación en el Govern catalán, cuyos dirigentes negaron haber discriminado a nadie y expresaron su malestar. Así, por ejemplo, el mismo 27 de abril Argimon llegó a insinuar de que la resolución judicial podría retrasar la vacunación de personas de la franja de 70 a 79 años y a tildar de "ridículo" el criterio del TSJC.

Sin embargo, ese supuesto perjuicio no sólo no se produjo, sino que esa misma semana la Generalitat hizo un llamamiento a vacunarse a las personas de entre 60 y 79 años porque tenía 100.000 dosis disponibles. Y el número de agentes afectados por la orden judicial apenas llegaba a los 8.000.

También el 27 de abril, la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, había acusado al tribunal de "interferir" en su estrategia de vacunación. La dirigente de ERC adujo que se había empezado a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales, y que esa inmunización se paró tras la suspensión cautelar de dicha vacuna. Y cuando se retomó, las dosis se destinaron a los mayores de 60 años y no al personal esencial.

Tuit de Puigdemont contra la vacunación de policías nacionales y guardias civiles

Otro dirigente secesionista que reaccionó de forma airada contra la orden del TSJC fue el exdirigente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont (JxCat), quien hizo comentarios políticos con este mensaje en sus redes sociales, en el que relacionaba la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña y el referéndum ilegal de secesión del 1-O: "Los que agredieron a ciudadanos al grito de '¡A por ellos!' continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las cuales golpearon de forma salvaje el 1 de octubre de 2017", manifestó el exmandatario posconvergente en Twitter.