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Joaquim Nin, secretario general de la presidencia de la Generalitat, al salir de la comandancia de la Guardia Civil / EFE

El juez respalda de forma explícita los interrogatorios de la Guardia Civil a cargos del Govern

El titular del juzgado número 13 de Barcelona 'responde' a la denuncia de la Generalitat contra la actuación de la policía judicial en los preparativos del 1-O

7 min

El juez que investiga los preparativos del referéndum anunciado para el 1-O ha mostrado su apoyo a la labor de la Guardia Civil en esta causa, al resaltar que le han comunicado previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su función de policía judicial.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha salido al paso de las críticas por la actuación del instituto armado en este procedimiento y ha avalado su labor.

Desde marzo pasado

El magistrado encargó el pasado 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que entre otros aspectos señalaba que el Gobierno catalán tenía una partida "camuflada" de 400 millones de euros para el referéndum unilateral y las estructuras de Estado.

En su investigación, abierta por los delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición, el juez investiga por el momento, además de Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

Cargos del Govern

En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrogó la semana pasada como testigos a varios altos cargos del Govern, a dos de los cuales --el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación, Jaume Clotet-- se les comunicó a media comparecencia que pasaban a tener la condición policial de investigados, ante los indicios de que sus respuestas les podían incriminar.

A raíz de estos interrogatorios, el Govern ha interpuesto ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado estas diligencias, ante lo que entienden una "grave vulneración de derechos fundamentales".

Siempre ha estado informado

Ahora, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha mostrado a través de la agencia Efe su apoyo a la actuación de la Guardia Civil, como ya había publicado Crónica Global, al remarcar que siempre ha tenido conocimiento previo de las diligencias que iban a llevar a cabo.

Además, el juez también ha resaltado que la Guardia Civil, cuerpo al que encargó en marzo pasado la labor de policía judicial en esta causa, ha actuado siempre en este procedimiento con un escrupuloso cumplimiento de las funciones recogidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las ramas de la investigación

La investigación policial de este caso se lanzó de forma coordinada con la Fiscalía Superior de Cataluña, que recientemente había abierto unas diligencias sobre los preparativos del referéndum centrada en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el exterior que había encargado a la Guardia Civil y que, ahora, también tiene en sus manos el juzgado de instrucción número 13.

En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un referéndum de independencia, lo que incluye la financiación y gestión de la web de Pacto Nacional por el Derecho a Decidir --plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de una consulta-- o la web garanties.cat, donde el Govern pretende dar a conocer los detalles del 1-O.

Posible malversación

También investiga el juez el coste y organización del acto organizado por JxSí en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el pasado 4 de julio para presentar los preparativos del 1-O, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.

Paralelamente a la investigación del juez de instrucción, el TSJC tiene abierta una causa contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso --después declarado desierto-- que convocó para la compra de urnas.

Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigación por los preparativos del 1-O, lo más probable es que el alto tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.

Nota confusa

La denuncia del Govern contra la Guardia Civil, a la que acusaba de actuar por libre, sin la intervención del juez, se produjo después de que el TSJC emitiera una nota el 27 de julio en el que esa coordinación no quedaba clara.

El tribunal superior salía al paso de la confusión que había podido crear que la Guardia Civil “imputara” o “investigara” a dos altos cargos de la Generalitat, y aclaraba que no eran medidas judiciales, sino policiales.

Dos tipos de imputados

“En la causa que se instruye en el juzgado nº 13 sólo constan como investigadas 3 personas: Santiago Vidal, Carles Viver Pi -Sunyer y Josep Lluis Salvadó. Las personas contra las que se dirigía la querella que dio inicio a estas diligencias", precisaba la nota del TSJC aquel día.

Además, creaba cierta confusión sobre el papel de la Benemérita: “Las diligencias que la Guardia Civil está realizando estos días son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona”.

Las manifestaciones de ahora del magistrado disipan todo tipo de dudas sobre la coordinación entre juez y policía judicial, y suponen un revés para la denuncia del Govern.

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