El juez De la Mata imputa a Luis Delso por el pago de comisiones en la 'trama Pujol'

El juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar en calidad de “investigado” (antes imputado) a Luis Delso, presidente de la empresa energética y constructora Isolux Corsan por sus negocios con el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El juez ha previsto el interrogatorio para el próximo día 8 de marzo.

De la Mata ha citado, además, a 12 miembros del consejo de administración de la compañía que declararán en calidad de testigos, entre ellos uno de los principales accionistas, José Gomis Cañete.

Contratos sospechosos

El juez sospecha de toda una serie de contratos suscritos por esta compañía con las empresas participadas por Jordi Pujol Ferrusola --Project Marqueting y Active Traslation--, así como de a contratación de "Iniciativas para la realización de trabajos de consultoría en México en relación con el proyecto para la construcción y concesión de la autopista Saltillo-Monterrey”.

El juez de la Audiencia Nacional pide que se requiera a “Isolux Corsan a fin de que identifique a las personas que tomaron parte en las negociaciones de los contratos de consultaría con las empresas participadas por el hijo mayor de Jordi Pujol".

Múltiples contenciosos

La empresa mantiene varios contenciosos judiciales abiertos.

En 2014, la Guardia Civil registró oficinas centrales de Madrid y también en las de Barcelona en el marco de la operación Yogui, un presunto caso de corrupción en las obras de la estación de la Sagrera para el paso del AVE. Las pesquisas que se realizan por mandato judicial se saldaron con la detención de una decena de personas. Entre ellas, dos altos directivos de la constructora que preside Luis Delso.

Según la Fiscalía Anticorrupción, algunos directivos del grupo de infraestructuras habrían sobornado a cargos del ente público para lograr adjudicaciones de obras del AVE en la capital catalana con un coste muy por encima del precio real de los trabajos. En total, se estima que la malversación de caudales públicos podría alcanzar los seis millones de euros.