El juez antiokupa del 'procés'

En enero de 2017, cuando el exjuez progresista e independentista Santiago Vidal, por entonces senador de ERC, desveló que la Generalitat tenía un censo oculto de los ciudadanos, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, el instructor número 13 de Barcelona, no podía ni imaginar que finalmente la querella por revelación de secretos que Vox y Miguel Duran (con la adhesión de la Fiscalía) interpusieron contra aquel magistrado transformado en político independentista acabaría convirtiéndole en un juez que, para bien o para mal, va a pasar a la historia.

El juez es un personaje de poca vida social y pocas relaciones dentro de la administración de justicia. No se le conoce adscripción política alguna ni pertenecía a ninguna de las principales asociaciones judiciales.

Tres destinos anteriores

Ramírez pasó por los juzgados de Sant Boi, Terrassa y Badalona (donde llegó a ser juez decano), hasta recalar, hace 14 años, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Los pocos jueces y fiscales que han tenido trato con él hablan de un jurista trabajador y serio. Su juzgado es uno de los que mejores registros de productividad presentan y es considerado por el ministerio público como juez de perfil técnico pero, no por ello, de poco carácter. 

Enfrentado con los okupas

Sin embargo, entre el colectivo antisistema se tiene otro concepto muy distinto de su señoría.

Ramírez fue el juez del caso Can Vies, un proceso judicial por una okupación y un desalojo altamente controvertidos que acabó con uno de los principales activistas de movimiento okupa detenido y encarcelado, por orden de este juez, durante 23 días. Finalmente, el caso acabó en archivo por lo insustancial de los indicios criminales obtenidos en la fase de investigación.

Condecorado por los Mossos d'Esquadra

Otro de los pocos episodios refutados que se le pueden atribuir el magistrado ocurrió en 2015. Ese año, los Mossos d'Esquadra le condecoraron con la medalla al Mérito Policial justo tres meses después de que archivase la denuncia que él mismo había abierto a Albert Batlle, director general del cuerpo, a quien Ramírez acusó de la pasividad policial durante la pitada al Rey en el Camp Nou minutos antes del inicio de la final de la Copa.

Ramírez es juez, pero tiene además la carrera de ingeniería química.