El juez del 13 niega estar al frente de la “macrocausa del 'procés”

El juez Juan Antonio Ramírez quiere desembarazarse de la etiqueta de juez estrella o de juez del macroprocés. Fuentes próximas al juzgado han explicado a Crónica Global que la actuación jurisdiccional del magistrado se circunscribe a las presuntas irregularidades relativas al censo electoral, al uso de información personal protegida y a la eventual malversación de caudales público derivada de todo ello.

Hace ocho meses, Ramírez abrió esa causa por la denuncia interpuesta contra el exjuez Santiago Vidal, entonces senador de Esquerra Republicana de Catalunya, quien dijo (quizá se le escapó) que la Generalitat disponía de un censo electoral paralelo al oficial (quizá clonado).

Desde entonces, la causa está declarada secreta y la macroperación desarrollada el miércoles se precipita, según esta fuentes, ante el hallazgo de documentación directamente relacionada con el censo que se pretendía utilizar para el referéndum. Otras fuentes jurídicas, sin embargo, afirman que pocas horas antes de la operación Ramírez fue convencido por la Fiscalía y por la Guardia Civil y asumió, a pies juntillas, la propuesta, el alcance y el diseño del dispositivo que contempló más de 40 registros y 14 detenciones.

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Fuentes judiciales aseguran que, en la esencia de este operativo, el juez sólo pretendía recabar información, no tanto la detención de los titulares de las oficinas, instituciones o domicilios registrados. Por ello, el Juzgado de Instrucción número 13 no previó una masiva puesta a disposición judicial de los detenidos y sí, por el contrario, un largo periodo de análisis de la ingente documentación que se incautó, la mayoría tendente a confirmar si, efectivamente, la Generalitat hacía meses que se movía al margen de la ley, preparando un referéndum que iba a ser declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y a sabiendas de ello.

Fuentes del Juzgado número 13 dan por seguro que esta investigación será larga y que precisa de nuevas y numerosas diligencias. Hay quien dice que Ramírez, que está a punto de jubilarse, no tendrá tiempo de acabar la instrucción.

La causa está secreta, por lo tanto aún no se sabe si entre los indicios existentes en esas diligencias hay alguno que hace referencia a personas aforadas. Fuentes judiciales aseguran que en la voluntad del juez no esta la imbibición total de la causa, sino, eventualmente, de aquella parte que pudiera tener visos de afectar, de forma circunscrita, a personas aforadas. Algo muy parecido al proceder del juzgado de El Vendrell que investiga el caso 3%: envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sólo la parte de la investigación que afecta al exconseller Germà Gordó, aforado en tanto que diputado en el Parlament.

¿Conexidad con el TSJC?

Fuentes del Juzgado 13 reconocen que la suspensión de la ley del referéndum dictada por el Constitucional sobrevuela sus diligencias y también aquellas abiertas en el TSJC, pero insisten en que hay elementos indiciarios criminales distintos en uno y otro caso, aunque, asumen que en materia jurídica todas las interpretación valen y “el papel lo soporta todo”.