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Josep Lluís Alay, asesor de Puigdemont

Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, imputado por malversación

El asistente del prófugo será investigado por viajar a Nueva Caledonia y asistir a un referéndum nacionalista a cargo de la Generalitat

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Una juez de Barcelona ha citado a declarar como investigado el próximo abril al historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a raíz de la querella de la Fiscalía por su viaje a Nueva Caledonia, donde se celebraba un referéndum, que pagó la Generalitat.

Según fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía y ha citado como imputados para el próximo 15 de abril a Alay y a la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, investigada por autorizar pagos bajo sospecha.

Viaje a cargo del erario público

En su querella, la Fiscalía acusa a ambos cargos de los delitos de malversación y prevaricación, por los 4.580 euros que la Generalitat pagó por un viaje de Alay al archipiélago de Nueva Caledonia para asistir como observador al referéndum de independencia celebrado en 2018, en el que los votantes rechazaron independizarse de Francia.

Josep Lluís Alay es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresident fue detenido en Alemania, en marzo de 2018, hechos por los que también fue investigado por la Audiencia Nacional, que acabó archivando la causa contra él.

"Abuso" y "enriquecimiento ilícito"

Actualmente, el historiador dirige la oficina de Carles Puigdemont, figura prevista por una ley catalana de 2003 que regula el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat.

En la querella, la Fiscalía detalla que Alay, "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se "excedió" en las funciones que tiene atribuidas y se "apartó" de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de lograr un "enriquecimiento ilícito".

Autorización "arbitraria e injusta"

En concreto, según la Fiscalía, logró que la Generalitat, gracias a la autorización "manifiestamente arbitraria e injusta" de Meritxell Masó --procesada también por desobediencia por la organización del 1-O--, se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros de su viaje a Nueva Caledonia, pese a que aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente catalán.

Durante su estancia en Nueva Caledonia como observador, invitado por una de las organizaciones políticas, Alay utilizó su cuenta de Twitter para realizar "comentarios particulares" sobre su estancia, según la Fiscalía.

También pagó peajes

Por su parte, la oficina de Puigdemont alega que Alay fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, la fuerza independentista en esta región francesa de ultramar.

Otro de los gastos públicos presuntamente injustificados que la Fiscalía atribuye a Alay, según la oficina del expresidente catalán, son 11 euros de un peaje para ir a la cárcel de Lledoners, donde están los políticos presos del procés condenados por el Tribunal Supremo.