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El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a su llegada a su fábrica de Sentmenat (Barcelona) / EP

Jordi Cuixart apela a la desobediencia civil para conseguir la independencia

El presidente de Òmnium Cultural asegura que el Estado español condena la libertad de expresión

3 min

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que sigue cumpliendo condena de cárcel por sentencia del procés, ha defendido a través de una carta la desobediencia de la ciudadanía para tener una sociedad más justa en una República catalana.

"Tenemos que apelar a una legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil para transformar la sociedad”, ha aseverado el líder independentista

Amenazas al Estado

Las palabras de Cuixart no se han quedado ahí y ha llegado a amenazar al Estado y ha dicho que “si piensa que perpetuar la impunidad no tiene costes, es que no conoce a la sociedad catalana”.

Además, el presidente de la asociación pide que “nadie dude de la fuerza de la gente” puesto que los liderazgos sociales son la mejor fórmula para buscar el éxito. Por otra parte, cree que las elecciones en marcha para renovar la junta directiva de Òminum, con el equipo encabezado por el vicepresidente Marcel Mauri, y la asamblea general ordinaria de Òmnium Cultural "serán un nuevo paso para continuar reforzando la entidad".

No se arrepiente

El presidente de Òmnium tampoco se arrepiente de nada y cree que “hizo lo que tenía que hacer”. La legitimidad de la lucha no violenta y la desobediencia civil como instrumentos para transformar la sociedad".

"Precisamente por eso los poderes del Estado condenan la protesta y la libertad de expresión", prosigue en su misiva. A su vez, carga contra la “corrupción borbónica” y vuelve a apelar a la “impunidad de la brutalidad policial del 1-O”.

República catalana

"La lucha por la autodeterminación y la República catalana continúa siendo el único horizonte compartido de futuro, también para fortalecer los derechos sociales y no dejarnos a nadie por el camino".

Por último, hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional y critica que el Tribunal Supremo "quiera prohibir a 11 millones de ciudadanos comunicarse en su lengua propia y oficial", según interpreta él del fallo que obliga a la comunicación en castellano entre los gobiernos autonómicos de Cataluña, Valencia y Baleares.