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El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska / EUROPA PRESS

Interior rechaza cualquier relación con el espionaje a políticos independentistas

Fernando Grande-Marlaska se defiende de las acusaciones y asegura que el Ministerio del Interior "nunca contrató ese servicio"

5 min

Después de que la investigación realizada por la organización Citizen Lab revelara que decenas de políticos independentistas, empresarios y periodistas fueron víctimas de ciberespionaje, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha negado cualquier vínculo con este presunto escándalo. 

Grande-Marlaska ha insistido este lunes en que el departamento ministerial no ha tenido ninguna relación con la empresa israelí creadora del programa Pegasus, el malware utilizado, presuntamente, para espiar a los independentistas y que solo se vende a Gobiernos. "Ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", apuntan fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que recuerdan que "todas las intervenciones de comunicaciones se hacen bajo orden judicial y pleno respeto a la legalidad".

El espionaje masivo une al independentismo

A raíz de esta información, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el diputado de la CUP Carles Riera, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Xavier Antich, han convocado una rueda de prensa unitaria este martes en la que denunciarán estos hechos ante el Parlamento Europeo. En esta rueda de prensa también participará el investigador de Citizen Lab John-Scott Railton y el exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye.

Además, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresident y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, comparecerán este martes en la Generalitat acompañados por los consellers para valorar el caso.

La respuesta de Grande-Marlaska en 2020

La investigación impulsada por la plataforma Citizen Lab indica que varios líderes independentistas y miembros de ERC, Junts, la CUP y de las entidades Òmnium y ANC habrían sido espiados a través de sus dispositivos móviles con el software Pegasus. La revelación de esta información viene a confirmar las sospechas de los activistas independentistas, que hace dos años denunciaron haber sido víctimas de espionaje. 

Ya en julio de 2020 Gabriel Rufián, portavoz de ERC, pidió cuentas al ministro Fernando Grande-Marlaska por este asunto. Por aquel entonces aseguró que ni el Gobierno ni el CNI tenían nada que ver con el presunto espionaje sufrido por políticos independentistas. Grande-Marlaska aseguró que el sistema constitucional protege todas las opiniones políticas, incluso las de aquellos que no comparten el propio modelo constitucional. "Bajo este Gobierno del PSOE y Unidas Podemos el principio de legalidad es el pilar básico, la piedra maestra donde se apoya la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el CNI. No persiguen ideas políticas", zanjó el ministro del Interior en su comparecencia de 2020.

Señalan al Estado

Sin embargo, los líderes independentistas no parecen estar conformes con la respuesta de Interior y señalan directamente al Estado español. "Desde que gobierna el PSOE, el CNI depende del ministerio de Defensa... Tendremos que preguntarle entonces a la Sra. Margarita Robles", escribía Jordi Puigneró, vicepresident del Govern, en su perfil de Twitter. Puigneró añadía: "¿Quién quiere formar parte de un Estado en el que se espía a los ciudadanos y adversarios políticos? Hay que irse de esta España democráticamente defectuosa gobernada por PSOE y Podemos", escribía señalando al Gobierno como responsable directo --aunque sin pruebas-- de esta presunta trama de espionaje. 

No ha sido el único. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont --que no aparece en la lista de los afectados-- ha aprovechado la coyuntura para atacar al Estado. "Hemos sido espiados de manera masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los gobiernos. Políticos, abogados y activistas hemos sido víctimas de la guerra sucia del Estado español por luchar contra una idea legítima", ha denunciado.