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El consejero de Eduación, Josep Bargalló, en la inauguración del Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses (Girona). Institutos-escuela / GENCAT

Institutos-escuela: el otro fracaso de Bargalló contra la segregación

La comunidad educativa denuncia improvisación en la puesta en marcha de 25 nuevos centros, donde los alumnos estudian desde los 3 hasta los 16 años, sin que se revierta la eliminación del comedor

09.10.2019 00:00 h.
8 min

El mandato del Parlament era muy claro: la Consejería de Educación debe recuperar los comedores en los institutos públicos. Los recortes aplicados por el gobierno de Artur Mas supusieron la eliminación de este servicio, de forma que muchos alumnos de Primaria en situación precaria que recibían becas-comedor, al pasar a la Educación Secundaria, perdían la ayuda y pasaban directamente a manos de servicios sociales.

Pero ese mandato parlamentario de 2017 no se ha cumplido, a la espera del decreto prometido por el consejero Josep Bargalló (ERC), que está pendiente de que se apruebe el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, conocido como la ley Aragonès, muy criticado en la comunidad escolar porque blinda la privatización de esos servicios.

De momento, el departamento limita la devolución del comedor a los institutos-escuela, centros donde los alumnos estudian desde los 3 hasta los 16 años, lo que garantiza la continuidad del proyecto pedagógico. Sin embargo, en esos centros hay jornada compacta en Primaria, es decir, que el riesgo de fomentar las desigualdades --la segregación escolar--, se mantiene. Asimismo, fuentes de la comunidad escolar denuncian improvisación en las escuelas-institutos inauguradas este año, pues carecen de las infraestructuras adecuadas.

Viabilidad del proyecto

Este curso 2019-2020 se han creado 25 institutos-escuela, que se unen a los 28 ya existentes. Esa novedad ha permitido crear 39 grupos para el primer curso de Secundaria. “Lo que nos preocupa de estos nuevos grupos es la viabilidad del proyecto y su calidad, si afecta o no a la segregación escolar, y qué tipo de instalaciones alojan a este nuevo alumnado. Debemos tener en cuenta que siete de los 25 institutos escuela creados son centros de alta complejidad, y otros son fruto de las presiones locales sin tener en cuenta las necesidades educativas de todo el sistema”, explica a Crónica Global la directora de la Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), Lidón Gasull.

Respecto a la jornada compactada, la Fapac “está a lo que consideren los expertos como más adecuado según criterios pedagógicos. La jornada compactada no es una decisión que haya tomado la actual Consejería, viene de antes, pero es verdad que Bagalló dijo que no cambiaría y no lo ha hecho”. 

Alumnos en un comedor escolar / CG
Alumnos en un comedor escolar / CG

Gasull se refiere a la decisión de la exconsejera Irene Rigau, quien optó por la jornada intensiva en plenos recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas. De esta forma, la Generalitat se ahorraba el gasto en comedores escolares, lo que dejaba sin este servicio a alumnos en situación precaria. La jornada compacta contaba con el apoyo del profesorado, pero no así con el de pedagogos que advierten de que fomenta la segregación escolar.

Contra la privatización de servicios

Precisamente hoy, la Fapac ha hecho pública su adhesión a la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, que ha convocado para el 19 de octubre una manifestación ante la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat con la finalidad de expresar su rechazo a la ley de Contratos de Servicio a las personas. Según denuncian, la nueva norma, conocida como ley Aragonès, que el Parlament aprobará en breve, permitirá por primera vez externalizar hasta 200 servicios hasta ahora públicos.

Tal como publicó este medio, Lidón Gasull denuncia que, actualmente, la gestión de los comedores sociales está en manos de grandes empresas de catering que han hecho negocio con este servicio. Gasull teme que la futura ley blinde ese modelo de externalización.

“Nos da mucho miedo esa ley de Contratos, porque si se aprueba, ya no habrá modelo de gestión a discutir”, dijo.

El informe de la Fundación Bofill y FMRPC

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya aplaudió el anuncio de la puesta en marcha de nuevos institutos-escuela, al considerar que “son una magnífica oportunidad para hacer realidad proyectos educativos renovadores y más potentes para una población escolar que abarca toda la enseñanza obligatoria”.

Para la FMRPC, este sistema “ofrece una posibilidad real de avanzar hacia un currículo básico y común desde los 3 hasta los 16 años”. Sin embargo, esta Federación también advierte de los perjuicios de la jornada compactada. Lo hace a través del documento Educació a l'hora: uns altres horaris escolars són posibles, en el que ha participado junto a la Fundación Bofill. Este informe --que puede leerse en este enlace-- fue presentado ayer en la Comisión de Educación del Parlament, y propone reducir el tiempo lectivo en las jornadas escolares y acabar con el horario compacto en los institutos. Los expertos plantean enriquecer el currículum educativo de los alumnos introduciendo créditos de libre elección que se podrían cursar fuera del centro y que serían convalidables como horas lectivas.

Proponen también que los centros de primaria y secundaria estén abiertos por las tardes y, en el caso de los institutos, que lo hagan como mínimo hasta las 18.00 horas para poder albergar actividades complementarias, tal como se hace en otros países europeos.

Niubó (PSC): "¿Vamos a compactar más jornadas?"

Sobre los institutos-escuela preguntó la diputada del PSC, Esther Niubó al consejero Bargalló en la citada comisión. Tras valorar positivamente el proyecto y la recuperación de una cantina en la mayoría de los centros, ha expresado su preocupación por las tardes libres que quedan en Primaria, algo que el consejero ha limitado a tres institutos-escuela.

”¿Vamos a compactar más jornadas?”, ha preguntado Niubó tras citar los informes que desaconsejan ese horario. También se ha interesado por los trabajos de la comisión sobre segregación impulsada por el Síndic de Greuges, y por el nuevo decreto de comedores escolares, que todavía no se ha presentado. El actual se remonta a 1996, cuando todavía no se había aprobado siquiera la Ley Catalana de Educación (LEC).